La Rural, Cristina y el caso Greco

La Presidente sigue con actitudes propias de reyes. No conoce –o reniega- de limitaciones o controles. En Democracia el sistema de división de poderes ha permitido, justamente, a las sociedades modernas superar los excesos sobre el interés colectivo.

En el caso del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque no le guste al Poder Ejecutivo, la Cámara Civil y Comercial tiene razón cuando manda a la Justicia al gobierno nacional a buscar la nulidad de un Acto Administrativo del mismo Estado Nacional y obviamente del mismo Gobierno.

¿Que hicieron los Kirchner que en once años no se dieron cuenta de la venta a precio vil de un predio en medio de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no exigieron a la SRA el pago del precio convenido o, en su caso, por qué no recurrieron a la Justicia en busca de la nulidad de ese acto?

Conspicuos funcionarios que hoy se llenan la boca denostando la peor entrega del patrimonio nacional fueron partícipes y cómplices de un proceso privatizador que todavía duele a los argentinos. Carlos Menem y Cristina Fernández pertenecen al mismo Peronismo que liquidó los bienes del Estado en la década del 90. Fueron ella y su esposo, incluso, quienes lo aplaudieron junto a los obsecuentes de la época.

El Poder Judicial está para hacer cumplir la Constitución y fundamentalmente para laudar entre los intereses individuales y entre los particulares y el Estado, velando para evitar los abusos sobre el interés general o los derechos de personas e instituciones. Mal que le pese, no le corresponde a la Primera Mandataria decretar la nulidad de un decreto que -como acto de gobierno- se encuentra firme desde hace más de 20 años.

Por su parte, la corporación SRA tendría que pensar en vindicarse ante la sociedad y explicar sus vínculos con todos los gobiernos, tanto civiles como militares. Particularmente, sobre el trámite de compra del predio de Palermo, debe dar cuenta de varios temas. Del precio (vil o no); de por qué no canceló en 2004 la obligación asumida con el Estado; de si se cumplió con la premisa de uso para actividades propias del objeto societario; de si estaba permitida la constitución de una empresa prestadora de servicios, entre otras dudas que permanecen en medio de una absurda contienda.

Innumerables dudas y prejuicios han generado todas las operaciones de venta de bienes del Estado  realizadas durante la gestión presidencial del actual senador oficialista Carlos Menem. Salvo que se demuestre lo contrario, fueron todos negocios para engordar a los personajes de siempre y a los funcionarios de turno, perjudicando al pueblo argentino.

Corresponde que el gobierno busque la nulidad de la venta por la vía judicial. La resolución de la Cámara es un acto de independencia de poderes por el que tanto se ha luchado desde la recuperación democrática en 1983.

Recordando cómo se resolvió el caso Greco se puede encontrar una solución dentro del marco de la ley.

En 2006, en un intento de pago de Néstor Kirchner, "él" junto a la entonces ministra Felisa Miceli suscribieron un proyecto que enviaron al Congreso para pagar la suma de 587 millones de pesos al Grupo Greco. Gracias a la debida intervención del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y la atención del presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, se impidió su tratamiento en la Cámara alta. Así, el ministro Miguel Peyrano (reemplazante al frente del Palacio de Hacienda) impulsó una acción judicial para propiciar la caída de un decreto del mismísimo Menem junto a actos administrativos de varias gestiones que indebidamente buscaban un resarcimiento a los empresarios.

Como quedó demostrado: el Grupo debía al Estado por 178 millones de pesos.

En definitiva, el camino correcto es ese: que el Poder Ejecutivo acuda al Poder Judicial para anular actos propios del Estado que se encuentran firmes.

Así se hizo oportunamente con la participación del gobierno y los bloques oficialista y de la oposición en el Congreso. Luego, el fallo del juez Asís Soto anuló todos actos administrativos y evitó un pago indebido poniendo al Grupo Greco como deudor del Estado como correspondía.

La jefa del Poder Ejecutivo debe acudir a la Justicia para anular lo que hizo su propio gobierno en la medida que se trata de un acto firme y consentido que generó derechos sobre terceros, y más aún si le asiste la razón.

Cristina no detenta la suma del poder. Un Presidente es elegido para conducir el Poder Ejecutivo, pero existen otros dos poderes con sus propias competencias y obligaciones, el Legislativo y el Judicial. Los tres juntos son la suma del poder de la Nación.

Para quien concibe a la democracia como puro poder y no como sistema de vida; que resiste a la República; que rechaza a la Justicia si dicta fallos que no le gustan o no le son favorables; que asume el abuso de poder como una pauta cultural; que no permite que se piense diferente, más allá de los últimos gestos en el Vaticano, produce actos abusivos como el Decreto de diciembre pasado.

Pero se debe tener a mano que la democracia funciona como la vida, con contrapesos, sin poderes absolutos, sin dueños de la verdad.

 

Gerardo Morales

Senador Nacional UCR/Jujuy