Sociedad · Jueves, 20 de Julio de 2017

La legislación nacional no define cómo remediar el impacto de la actividad minera

Un informe de la Auditoría General de la Nación observó una “duplicidad de funciones” entre la Constitución y las provincias que no permite coordinar la conservación de recursos naturales, ni tratar conflictos por contaminación.

Las provincias manejan los recursos en su territorio

La Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que “en la legislación nacional no se encuentra la definición de pasivo ambiental” y tampoco figura alguna normativa sobre cómo remediar el impacto puntual que la actividad minera produce sobre los ecosistemas.

“Según los lineamientos constitucionales, no se ha elaborado una norma de presupuestos mínimos que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros”, explica el informe, que analizó áreas críticas consensuadas con otros organismos de control, como las Contralorías de Paraguay y Perú

El organismo además observó que con la reforma de la Constitución de 1994 se consagró a la Nación como responsable de lograr que todos los habitantes tengan “derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo”, pero se dejó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio, con lo que quedó planteada una “duplicidad de funciones” que no permite coordinar la conservación del medioambiente.

Los técnicos remarcaron que “debería existir, no solo una visión común de los pasivos y de control previo, sino una adecuada coordinación en lo que respecta a la conservación de recursos naturales”.

Con respecto al caso puntual de la minería, hay “una inadecuada articulación entre las normas ambientales generales y las sectoriales, lo que no permite el tratamiento de conflictos por contaminación de sitios desde un aspecto sistémico”, porque el Código de Minería “no prevé todas las herramientas para garantizar la recomposición ambiental de la actividad minera”, y son las provincias las que determinan quién será la autoridad de aplicación de las normas vigentes en la materia en su jurisdicción.

Por otra parte, la AGN plantea que “si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable creó el Programa de Gestión de Sitios Contaminados (PROSICO), su alcance no incluye la actividad minera, que queda en la órbita de la ex Secretaria de Minería”, y tampoco se encontró evidencia de articulación entre ambas instituciones.

Este elemento toma relevancia si se tiene en cuenta que la AGN hizo su informe sobre datos de 2014 y 2015, año en que, con el cambio de administración, la Minería pasó de Secretaría -dentro del Ministerio de Planificación-, a tomar rango ministerial, lo mismo que el área de medioambiente, según explica el sitio elauditor.info.

En ese marco, el texto de la Auditoría sostiene que “no se obtuvo evidencia de que las dependencias sustantivas de la ex Secretaria de Minería (SM), se encontrasen en funciones. Las autoridades no estaban designadas y el personal afectado a las dependencias desempeñaba funciones en otras áreas de la SM o ya no pertenecían al organismo. No se ha podido comprobar la existencia de espacio ni recursos físicos asignados a esas dependencias”.

En cuanto al Sistema Ambiental Minero Preventivo (SAMP), la AGN notó que “según la documentación aportada, sólo se verifica el cumplimiento de las acciones atribuidas a la Secretaría de Minería hasta 2003; las normas complementarias (de ese sistema) no se encontraban actualizadas y tampoco hay evidencia de que se haya convocado al Consejo Federal de Minería (COFEMIN)” para que haga esa tarea.

Con respecto al manejo de los recursos, el informe detectó una “baja ejecución presupuestaria del programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) medida en términos de planificación original y posterior modificación”. Y que en los planes de gastos correspondientes a la época en que el área estaba bajo la órbita de Planificación Federal, no había metas o indicadores de resultados definidos.

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