Sociedad Análisis Martes, 11 de Octubre de 2016

Alumnos del Centro Universitario de Devoto criticaron el proyecto de modificación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad

Los estudiantes de Derecho celebraron que se inicie un proceso de discusión sobre la ley 24.660, pero expresaron su preocupación por el endurecimiento del régimen de progresividad “que deja de lado cualquier finalidad resocializadora del uso del poder punitivo por parte del Estado”.

Pidieron que se amplíe el Programa UBA XXII para reducir la reincidencia

Los estudiantes de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Devoto (Programa UBA XXII) expresaron su preocupación por el proyecto de modificación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, y propusieron algunos puntos que merecen ser planteados en la Comisión de Legislación Penal donde actualmente se está realizando el tratamiento de la misma.  

Si bien celebraron que se inicie un proceso de discusión sobre la ley 24.660, los alumnos observaron que el proyecto “marca un evidente endurecimiento en el régimen de progresividad de la pena privativa de libertad, perdiéndose el criterio racional de la misma y aplicando un sistema netamente retributivo que deja de lado cualquier finalidad resocializadora del uso del poder punitivo por parte del Estado”.  

En ese sentido, remarcaron que “el cambio propuesto -que implica una restricción a los derechos de las personas privadas de la libertad- no cuenta con un sustento científico y multidisciplinario sólido, ni encuentra justificación en regulaciones normativas y prácticas exitosas en otros países”.

Además, subrayaron que hay “una tendencia a invisibilizar las consecuencias negativas de la prisión, sin buscar solucionar o mejorar alguna de ellas”. “Desconocer las implicancias negativas del propio sistema, procesales y extra procesales, y endilgar los fracasos en términos de reinserción social a los individuos, implica desconocer por completo la responsabilidad que le cabe al Estado sobre las falencias del sistema”, enfatizaron.

Los estudiantes plantearon que “existe una confusión del sistema progresivo con la idea de tratamiento”, al plantear el texto de la reforma que la progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual que se basará en un programa de tratamiento interdisciplinario individualizado. También observaron que “el instrumento genera, en la práctica, una arbitrariedad en las funciones de la autoridad administrativa en la medida que hace depender el sistema progresivo del tratamiento”, y criticaron la idea de “reformar a las personas privadas de libertad mediante el arrepentimiento, la corrección de la moral”, por considerarla “contraria y violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional”.  

Por otra parte, los alumnos del Centro Universitario de Devoto resaltaron que “el proyecto concede mayores facultades determinantes a los órganos de la administración penitenciaria en vez de fortalecer la facultad de los órganos jurisdiccionales que intervienen en la tercera etapa del proceso penal (jueces, fiscales y defensores).

Como crítica general, advirtieron que “se trata de un instrumento que no guarda coherencia entre los principios que enuncia y la regulación que luego establece”, y destacaron su preocupación por “la restricción del sistema progresivo que propone el proyecto en consideración, estableciendo el cumplimiento de la pena en forma total para un número creciente de delitos”, porque “no se justifica en el proyecto qué elementos y consideraciones habilitaron la selección de algunos delitos y la exclusión de otros, lo que conlleva, en definitiva, un supuesto de desigualdad ante la ley”.

Al mismo tiempo, los estudiantes criticaron que el proyecto “hace hincapié en el cumplimiento íntegro de la pena intramuros”, y remarcaron que “en la actualidad la pena no deja de ser cumplida en su totalidad”, sino que prevé la libertad condicional para el último período, para que el interno esté interactuando de manera constante con la sociedad. Resaltaron que en este punto “el Estado incurre en una desatención aún mayor, por no haber implementado y aunado esfuerzos para controlar de manera indirecta al condenado”.

“Desde nuestro lugar y como estudiantes, deseamos hacer llegar nuestra voz, en estos momentos en los que vemos tergiversadas las concepciones que tiene la sociedad de las personas que estamos privadas de nuestra libertad”, expresaron.

Por último, reclamaron “la implementación del Convenio Programa U.B.A. XXII al resto de las unidades, potenciando y ampliando sus alcances, puesto que es sabido que la educación es un pilar fundamental y sustrae al detenido de su vida marginal y reduce ampliamente la tasa de reincidencia”.

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