Sociedad Reportaje Miercoles, 9 de Julio de 2014

Una encuesta afirma que el fraude corporativo aumenta en tiempos de crisis

Dialogamos con Fernando Gamiz, director de Fraudes & Disputas de la consultora BDO, quien explicó que en Argentina, los ejecutivos estiman que este año habrá un incremento de casi 30 % en fraudes dentro de sus compañías y señalan a la crisis económica como el principal motivo.

El 67 % de los encuestados registró fraudes en sus empresas.

Según un informe que realizó BDO Argentina y que presentará en el marco de Tercer Congreso Latinoamericano de  Ética, Transparencia y Compliance Anticorrupción, que se realizará el 10 y 11 de julio en el Four Seasons, en 2013 el 67 % de los encuestados registró fraudes, entre los que enumeran conflictos de interés, sobornos, malversación de activos y desvió de fondos, entre otros.

Fernando Gamiz, director de Fraudes & Disputas de la consultora BDO, afirmó que en Argentina los ejecutivos estiman que este año habrá un incremento de casi 30 % en fraudes dentro de sus compañías y señalan a la crisis económica como el principal motivo. La encuesta revela que la mayoría de los fraudes identificados durante 2013 se ubicaron en la franja de hasta US$ 10.000 (44,4 %). La franja mayor de US$ 500.000, presentó un alto nivel de incidentes (13.3 %).

Para este trabajo se consultó a 186 ejecutivos de empresas instaladas en Argentina, abarcó todas las industrias y el cuestionario fue respondido por gerentes de auditoría, directores y compliance offficers, entre otros. 

Diario Inédito: ¿Cómo asocia el aumento del fraude corporativo a los tiempos de crisis?

Fernando Gamiz: El fraude corporativo tiene un común denominador que se conoce como el triángulo del fraude que es una cuestión de presión, una necesidad económica; oportunidad y racionalización. La presión está dada por factores generalmente financieros y eso ir puede ir tanto por deudas o simplemente por querer vivir más allá de los medios de lo que uno gana. Eso es el 80 % de los casos. Cuando hay una crisis económica este factor de presión se ve incrementado. Eso pasó, por ejemplo, en 2008 en Estados Unidos con la recesión. La oportunidad se da durante las crisis porque en muchas empresas generalmente reducen gente no solo en la línea de producción sino también en la administración, en los controles, en seguridad. En esta situación los controles que había en el lugar tienden a diluirse. La racionalización es la actitud de la persona de tratar de autojustificarse. En este caso, un factor que incrementa esta racionalización es pensar que es su última oportunidad, que la empresa va a cerrar o lo va a despedir.

D. I.: ¿Este es un tema relativamente nuevo, se hablaba antes de esta manera del fraude corporativo?

F. G.: Ahora hay más conciencia, como el fraude es un delito cuya característica es ser clandestino, a diferencia del que roba un celular que dice “te estoy robando”, el que comete un fraude no avisa, engaña, miente. Nunca vamos a tener buenas estadísticas sobre el fraude porque lo que podemos contar es lo que se detectó pero hay una gran cantidad que no se llega a ver nunca. Se calcula que más o menos un fraude pasa inadvertido desde que se comete hasta que se detecta 18 meses. Yo he tenido un caso en el que la empresa convivió con el fraude cinco años, o más tiempo. Hay casos que se pueden detectar con la nueva tecnología a los tres o seis meses. Las empresas están muy expuestas durante mucho tiempo.

D. I.: Usted mencionaba que esta tendencia se verificó en Estados Unidos, ¿existen factores culturales en algunos países o regiones que hagan que esto se dé con mayor facilidad?

F. G.: Las características pueden varias de un lugar a otro pero el fenómeno afecta a todos los países del mundo. En algunos más y en otro menos. Tampoco importa el tamaño de la organización, si es una ONG o una empresa multinacional, la diferencia va a estar en que el impacto va a ser proporcional a este. No tiene que ver tanto con la idiosincrasia del argentino o de América Latina, si bien tenemos estadísticas de América Latina donde los fraudes corporativos son menores como son Uruguay y Chile, sí cambia la percepción sobre el tema. En ciertos países, lamentablemente el nuestro es uno, hay una mayor percepción de impunidad, no solo en lo público, también en lo privado. En nuestros países tenemos una tasa de condena por fraudes en las empresas muy baja, no llega ni a 3 % de las causas iniciadas. Además, muchísimas empresas deciden ni siquiera llevar el tema a tribunales porque saben que es un gran gasto y que no necesariamente consigan lo que buscan así que muchas veces llegan a acuerdos.

D. I.: Las empresas, ¿comparten información sobre los empleados que son cesanteados por cometer fraude?

F. G.: No podrían porque solamente un juez puede determinar si alguien es culpable de algo y difundir este tipo de información sin instancia judicial o una sentencia los pondría en una posición complicada porque podrían caer en una serie de delitos. Lo mismo sucede cuando las empresas piden referencias laborales de una persona en su empleo anterior, si fue despedida (aunque sea con causa) y le pagaron una indemnización no podrían informarlo. De todas formas, si una persona fue condenada en una causa de fraude sale en sus antecedentes cuando la empresa los chequea. Lo que pasa es que las empresas no van por ese camino, lo que hacen normalmente es sacarse el problema de encima.

D. I.: A pesar de este panorama y del costo que implica para una empresa ser víctima de fraude, solo la mitad tiene planes anti fraude. ¿A qué se debe?

F. G.: Ese es un problema general, no solo argentino sino regional. Nuestras empresas están acostumbradas ser reactivas ante las regulaciones. Si una regulación no le exige hacer algo, son muy pocas las que lo hacen porque son buenas prácticas. Aquellas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos tienen la obligación de implementar cierto tipo de programas anti corrupción y lo están haciendo, lo mismo que son proveedores de estas empresas y quienes realizan negocios con Inglaterra y ahora con Brasil. En Argentina, no tenemos ninguna regulación que los obligue a mantener programas de cumplimiento o programas antifraude.

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