Política Polémica Jueves, 9 de Mayo de 2019

Fallo de la Corte: las acciones civiles por la Dictadura prescriben

En votación dividida, el máximo tribunal determinó que los reclamos de indemnización por la desaparición de personas no es un delito de lesa humanidad. Lo hizo al revocar la sentencia de la Cámara del Trabajo en la causa “Ingegnieros contra Techint”.

Jueves, 9 de Mayo de 2019
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las demandas de indemnización por desaparición de personas en la dictadura militar son prescriptibles, a diferencia de las acciones penales por los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de facto. 

La decisión se produjo en la demanda de María Gimena Ingegnieros contra Techint S.A. para obtener "una reparación fundada en la ley 9.688 (de accidentes de trabajo) por la desaparición forzada de su padre, Enrique Roberto Ingegnieros".

En favor de la prescripción votaron los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Elena Highton de Nolasco (vice) y Ricardo Lorenzetti, mientras Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lo hicieron en disidencia.

La víctima prestaba servicios en esa empresa como técnico dibujante y su hija sostuvo que "la desaparición forzada de su padre tuvo lugar el 5 de mayo de 1977 a manos de "un grupo de tareas dependiente del Gobierno Nacional (…), en horario de trabajo y en las instalaciones laborales"".

Ante la demanda, la empresa opuso "excepción de prescripción". En primera instancia se resolvió a favor de la firma de Paolo Rocca, sin embargo, la Sala V de la Cámara del Trabajo lo revocó, considerando que "el reclamo de una reparación patrimonial originado en un delito de lesa humanidad era imprescriptible".

Los camaristas acreditaron "que el secuestro de la víctima se produjo en el lugar de trabajo", luego de "declaraciones testimoniales de personas que cumplían tareas en el mismo establecimiento de la empresa" cuando se produjo, entre otras constancias, como hábeas corpus e informes oficiales.

Concluyeron que la desaparición forzada "se produjo dentro de las instalaciones de la empresa demandada y con la respectiva connivencia de la misma" y que correspondía "la reparación del daño con arreglo al sistema de indemnización tarifada de la ley 9.688" de accidentes de trabajo.

Ante el fallo adverso, Techint acudió a la Corte, que ahora le dio la razón. Rosenkrantz dijo que la prescripción había sido resuelta por la Corte en otros casos, donde se estableció que "las acciones indemnizatorias derivadas de daños causados por delitos de lesa humanidad están sujetas al régimen de prescripción propio de la normativa específica y no resultan alcanzadas, sin más, por la imprescriptibilidad de las correspondientes acciones penales".

La Corte afirmó que "en estas acciones indemnizatorias está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en las acciones penales está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos".

Rosenkrantz destacó que en el precedente "se señaló que no existe en el derecho argentino norma alguna que resulte de aplicación a los hechos que originaron el reclamo indemnizatorio y que establezca la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias por daños derivados de delitos de lesa humanidad" y afirmó que "no surge de la causa que la actora hubiera tenido obstáculo alguno para demandar aquello a lo que se creía con derecho en tiempo oportuno".

Highton de Nolasco y Lorenzetti, que votaron en el mismo sentido, también se remitieron a los fallos precedentes. Avalaron el derecho de la hija de Ingegnieros a reclamarle una indemnización a la empresa y sostuvieron que "no estaba sujeto a plazo alguno de prescripción. El deber de reparar los daños derivados de los delitos de lesa humanidad, que pesa tanto sobre el Estado que los cometió como sobre los particulares que actuaron como cómplices, no se extingue por el paso del tiempo".