Política Judiciales Martes, 23 de Enero de 2018

Policías y manifestantes procesados por los disturbios de diciembre

Dos miembros de las fuerzas de seguridad y los militantes del PO Arakaki y Ponce fueron hallados responsables de distintos delitos durante la jornada violenta mientras se trataba la reforma previsional. Sólo el efectivo Barisone quedó detenido. El resto libre.

Martes, 23 de Enero de 2018

El juez Sergio Torres procesó a dos policías y dos militantes del Partido Obrero por los disturbios protagonizados durante la manifestación en el Congreso el 18 de diciembre de 2017, cuando los legisladores discutían el proyecto de reforma previsional.

Sin embargo, el magistrado mantuvo sólo la prisión preventiva para el efectivo Dante Barisone, quien con su motocicleta pasó por encima de Alejandro Rosado, un ‘cartonero’ que sufrió quemaduras y lesiones en el tórax por el episodio. Por su parte, ordenó la liberación de los dirigentes del PO César Arakaki y Dimas Ponce, acusados de agredir al policía de la Ciudad Brian Escobar. Aunque ambos siguen ligados a la investigación.

A Barisone, el juez lo imputó por “lesiones graves, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad”. Dispuso su prisión preventiva ya que consideró que podría entorpecer la investigación, fundamentalmente en base al mensaje que le envió a su compañero para que no declarara en su contra. Y le impuso un embargo de $100.000.

Además, Torres procesó al policía motorizado de la Ciudad, Alfredo Luna, por ‘abuso de autoridad’ y le embargó $50.000, a raíz de arrojar “deliberadamente gas pimienta en reiteradas oportunidades” y golpear “con su tonfa por la espalda” al jubilado Juan José Puchet.

Asimismo, los militantes del PO fueron acusados de ‘lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas’. Se debe a la agresión al efectivo Escobar, quien sufrió heridas de gravedad, algunas irreversibles como la disminución en la audición. Ambos fueron liberados porque el juez no pudo determinar si ellos causaron las graves lesiones. No obstante, les dictó embargos por $300.000 y deberán cumplir ciertos requisitos para no retornar a prisión.

En tanto, en su resolución el juez pidió al Gobierno Nacional (vía Congreso o decreto) “siguiendo los lineamientos internacionales, proceda al dictado de toda normativa por la que se articulen aquellos derechos que entran en juego, en el marco de una protesta social, y se proceda a su cumplimiento, lo que importará, en definitiva, garantizar de igual forma los derechos que corresponden al manifestante, al personal policial y a los terceros ajenos tales como periodistas, comerciantes y transeúntes”.