Política · Jueves, 7 de Diciembre de 2017

Causa AMIA: procesan a CFK y piden el desafuero

El juez Bonadio la acusa de ‘traición a la Patria, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial’. La embargó por $50 millones. Además, ordenó el arresto de Zannini, D’Elía, Timerman, “Yussuf” Khalil y Fernando Esteche.

La ex presidenta juró la semana pasada como senadora

A poco más de una semana de haber jurado como senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner sumó su cuarto procesamiento en la Justicia Federal, esta vez por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. El juez Claudio Bonadio solicitó el desafuero de la legisladora para detenerla, y la embargó por 50 millones de pesos.

El magistrado basó su pedido en un posible “entorpecimiento de la causa” por parte de la ex presidenta, a raíz de “sus contactos”, según consta en la resolución de 600 páginas, en el marco de la investigación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Cristina fue procesada por los delitos de ‘traición a la Patria, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial’, por los cuales arriesga una pena de entre 10 años de prisión hasta la reclusión perpetua, en el caso de ser hallada culpable.

Por otra parte, Bonadio ordenó también las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini (fue arrestado esta madrugada en Santa Cruz), el sindicalista Luis D’Elía (aprehendido en su casa de Laferrere), el ex canciller Héctor Timerman, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Además, fueron procesados pero sin prisión preventiva el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; el diputado Andrés “Cuervo” Larroque; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el ex segundo de Parrilli en la AFI, Juan Martín Mena.

En la causa que quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita se acusa a los procesados de orquestar un “plan criminal” destinado a ayudar para “dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní”, cuando se firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán, en enero de 2013.

A partir de ese presunto encubrimiento, los funcionarios públicos habrían permitido a los sindicados responsables del acto terrorista “eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”.

Tras haber declarado ante el juez en octubre pasado, la ex Jefa de Estado denunció que la causa se trataba de “un disparate jurídico” y acusó al Gobierno Nacional de utilizar al Poder Judicial “para hacer callar y atemorizar a la oposición”. Aseguró que el Ejecutivo “absolutamente está detrás de esto con sus operadores judiciales” y advirtió: “conmigo no van a poder”.

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