Política · Martes, 14 de Noviembre de 2017

Los candidatos a Defensor del Pueblo hablaron en la audiencia pública

Humberto Roggero propuso despersonalizar el organismo y crear una “adjunta femenina”; Jorge Sarghini hizo foco en el rol de mediador, y Alejandro Amor cuestionó la falta de actualización de la Defensoría. El Senado votará la semana próxima.

Los candidatos hablaron en la audiencia pública

La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo recibió este martes en audiencia pública a los tres candidatos para el cargo que está vacante desde hace ocho años. La votación se realizará en el Senado la semana próxima.

El primero en exponer fue el dirigente peronista Humberto Roggero, quien cuenta con el apoyo del jefe del PJ-FpV en la Cámara alta, Miguel Pichetto. El ex diputado propuso “despersonalizar” y “federalizar” la Defensoría del Pueblo, y propuso la creación de una “adjunta femenina”. Además, aseguró que el defensor debe ser “un colaborador crítico sobre la administración pública”.

Luego fue el turno de Jorge Sarghini, postulado por el massismo. Consideró que el Defensor del Pueblo debe “mediar más que litigar” y enfatizó en que la persona que ejerza el cargo no debe tener “ni complacencia con el poder, ni obstrucción al ejercicio de la administración”.

Por último habló Alejandro Amor, el ombudsman porteño, quien resaltó la necesidad de modificar la Ley de la Defensoría del Pueblo porque “es vieja”, al tiempo que señaló que el organismo tiene “falta de actualización en distintos aspectos”. Su candidatura fue propuesta por el senador Rodolfo Urtubey.

La semana próxima, la Cámara de Senadores deberá elegir a uno de los postulantes con los dos tercios de los votos de los presentes. De acuerdo a la Ley de la Defensoría del Pueblo 24.284, si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría, deberá realizarse una especie de balotaje, con una nueva votación sobre los dos candidatos con más adhesiones. El que resulte elegido deberá ser refrendado en Diputados.

La misión del defensor del Pueblo es “proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional”. Quien resulte elegido ocupará el cargo por cinco años, prorrogables por otros cinco.

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