Política · Miercoles, 27 de Setiembre de 2017

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria

La iniciativa, que apunta a penalizar a las empresas por delitos de corrupción, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Entre las modificaciones, se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos y se acotaron las multas al daño producido. Además, no tendrá la retroactividad que pretendía el Gobierno.

La norma cosechó 65 votos a favor y ninguno en contra

La Cámara alta aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que apunta a penalizar a las empresas por delitos de corrupción y lo envió a Diputados para su sanción definitiva.

La iniciativa, que cosechó 65 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsada por el Poder Ejecutivo, y había sido aprobada con cambios por la Cámara baja en julio pasado, pero el Senado introdujo nuevas modificaciones, por lo que fue enviada nuevamente a Diputados.

El proyecto establece que las empresas podrán contar con un Programa de Integridad para prevenir a su personal de incurrir en delitos de corrupción, pero además determina que la existencia de ese espacio será obligatoria para contratar con el Estado y funcionará como atenuante en caso de una condena contra la compañía.

Entre las modificaciones que se realizaron a la iniciativa, se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos (quedó fijada en seis años) y se acotaron las multas al daño producido. No obstante, se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción, que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

El proyecto incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Este punto incluye a quienes hubieran actuado en beneficio o interés de la persona jurídica, aún cuando fuesen terceros desvinculados pero que hayan beneficiado a las empresas con su actuación dolosa.

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