Política Justicia Sabado, 17 de Agosto de 2013

Diputados radicales denunciaron irregularidades en licitación para represas en Santa Cruz

Se trata de Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido, quienes presentaron ante la Justicia acusaciones contra los ministros Julio de Vido y Hernán Lorenzino, entre otros funcionarios, que habrían beneficiado a empresarios “amigos del poder”.

Para Gil Lavedra, la licitación

“Espero que la Justicia esclarezca un conjunto de circunstancias sospechosas de una licitación que parece armada para los amigos del poder. La negativa a brindarnos información no nos deja otro camino que recurrir a la Justicia para tratar de que se eche luz sobre una licitación que parece marcada por enormes irregularidades”, sostuvo el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Gil Lavedra.

En compañía de su par de bancada Manuel Garrido, presentaron denuncias contra el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y otros funcionarios públicos.

Las acusaciones obedecieron a presuntas irregularidades en la licitación para las represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic, a construirse en la provincia de Santa Cruz, en la cual resultó adjudicataria la empresa Electroingeniería, y quedaron radicadas en el Juzgado Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Por su parte, Garrido señaló: “Es un caso más de decisiones en materia de obra pública que caen en una lista reducida de empresas que aparecen siempre, en este caso Electroingeniería, y es una muestra de lo que viene ocurriendo en los 10 años de kirchnerismo en los que ha aparecido un grupo de empresarios amigos del poder que resultan beneficiarios de subsidios y contrataciones de obra pública, en un marco de corrupción”.

“Por eso pedimos que se investigue y se esclarezca este nuevo ejemplo de desviación de las reglas administrativas para favorecer a los amigos”, agregó Garrido.

Los legisladores cuestionaron el dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería, basado en una “carta de descuento” que rebajó un 17 por ciento el costo del ofrecimiento de la empresa, y una condición que calificaron como “violatoria del pliego”, en el que la compañía pide que parte del pago se realice en dólares y en un banco extranjero.

 

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