Opinión Por Pablo Quiroga Miercoles, 14 de Noviembre de 2018

Por un gran consenso de la inclusión

La construcción de una democracia social como la que soñó y propuso al pueblo argentino Raúl Alfonsín 35 años atrás no es una utopía. En todo caso es un desafío político complejo, pero lejos está de ser imposible.

La democracia significa más que votar cada dos años, respetar las instituciones republicanas y el derecho de expresión. Si sólo se dan esas condiciones, a la larga, las mismas estarán en riesgo.

Es difícil considerar democrática a una sociedad en la que algunos de sus integrantes acceden a los derechos consagrados en la constitución y, para otros, sólo están en el papel. La democracia, entonces, es mucho más que afirmar las garantías republicanas (división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, respeto a las libertades individuales). 

Naturalmente, en cada momento histórico los contextos cambian. En 1983 la lucha era por la recuperación de la república. La pérdida de valores republicanos por 50 años había hecho retroceder derechos esenciales, hasta directamente desaparecer en 1976. Fue un proceso que, entre otras cosas, buscaba aplicar políticas que concentraban la riqueza y excluían a millones de argentinos de los beneficios constitucionales, no sólo de votar sino del acceso a la educación, la salud o la vivienda. Tanto fue así que, de 1974 a 1983, la diferencia de ingresos entre el decil más rico y el más pobre se multiplico por cinco.

Treinta y cinco años atrás, recuperar la república y sus valores, desplazando al partido militar, casi hegemónico por décadas, era lo esencial. El éxito de esa lucha es evidente. Si tantos años después estamos escribiendo esta nota es porque la decisión del pueblo argentino, más allá de a quien hayan votado aquel 30 de octubre del ‘83, fue terminar con las interrupciones constitucionales.

Quién encabezó esa gesta, Raúl Alfonsín, ya advertía en la campaña política que la recuperación y la instauración definitiva de valores republicanos era el primer paso. Luego deberíamos crear los instrumentos para generar las transformaciones sociales que permitan hacer posible que “con la democracia se coma, se cure y se eduque”. Esa frase, tantas veces malinterpretada, explicaba que sólo con la democracia se pueden alcanzar esos derechos. Pero para lograrlo es necesario transformar las relaciones sociales y económicas. Es preciso lograr que la desigual distribución de la riqueza se vaya modificando para construir una sociedad democrática en sentido amplio, que permita a las grandes mayorías el acceso a los bienes de consumo y a los bienes culturales.

En el ‘83 se alcanzó un consenso entre amplísimas mayorías para consolidar el sistema democrático. Sin embargo, nunca fue posible alcanzar después consensos similares para pasar de una democracia republicana a una democracia social. No es una idea utópica. Europa, en el año ’45, sufría un desastre humanitario. Sólo en Alemania, Polonia, la URSS o Yugoslavia, se perdieron millones de vidas y prácticamente habían desaparecido las grandes ciudades, transformadas en escombros, dejando a otros millones en condiciones de vida inciertas.

El aparato productivo, industrial, sin embargo, estaba en condiciones de ponerse a funcionar en tiempo rápido. Con el dinero ingresado de EEUU en los países de Europa occidental se alcanzó un consenso entre los partidos socialistas y democratacristianos, los dueños del capital productivo y los sindicatos, para implementar en los años siguientes políticas de creación de un estado de bienestar. A pesar que en las economías más grandes del continente lo pusieron en práctica gobiernos democristianos, Adenauer en Alemania, De Gasperi en Italia y los frágiles gobiernos de la cuarta república francesa, la concepción de esas políticas consensuadas fue socialdemócrata.

Las socialdemocracias escandinavas, ya en el período de entreguerras, habían renunciado a su condición marxista. Llegaron a acuerdos con los medianos y grandes agricultores y con los capitales industriales para incentivar sus actividades a cambio del pago de importantes tasas impositivas. El compromiso por parte del Estado, que administraría tantos recursos, fue el de garantizar trabajo, educación, salud y vivienda para todos. En Suecia y Dinamarca se había puesto en marcha ese proyecto antes de la guerra y en el primer caso los avances ya eran importantes.

Siguiendo ese modelo, que inclusive incorporaba a los sindicatos en el control de las empresas, fue como en 1958 Alemania Federal se había vuelto la primera economía de Europa, con un nivel de igualdad social como nunca se había visto.

¿Por qué no es posible intentar algo así en Argentina? Un acuerdo, primero entre las fuerzas políticas, y luego con los propietarios y el trabajo organizado, para alcanzar metas de desarrollo inclusivo.

Puede decirse, ciertamente, que los países europeos de entonces venían del trauma de la guerra más mortífera de la Historia, que los estados nacionales que renacían eran fuertes, con capacidad de tomar decisiones sobre la estructura productiva, y tenían de vecinos al comunismo, con lo que la ayuda de Estados Unidos fue importante. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo globalizado, donde las empresas no tienen nación, impera el liberalismo más extremo y los estados, la política, han perdido capacidad de decidir. Sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No vivimos una guerra, pero los niveles de desigualdad a los que hacíamos referencia se hacen tangibles en los niveles de pobreza que superan el 30% y en el trabajo en negro que supera el 40 y crece. Son las condiciones de un país subdesarrollado, en que su economía es tan reducida que no puede incorporar a toda su población.

Es una situación que le exige a los sectores progresistas proponer una nueva agenda de desarrollo. Esa agenda no puede ignorar las limitaciones actuales de la política para imponer condiciones. Por lo tanto es imposible que un solo partido o frente electoral, en apenas cuatro años, pueda cambiar este estado de cosas. La primera cuestión, entonces, es trabajar para romper con la grieta. Con los actuales niveles de intolerancia política y desconfianza entre las distintas fuerzas es inútil proponer consensos.

No sólo partidos, también los medios de comunicación han trabajado para ahondar esa grieta. No es nueva. En los ‘80 Alfonsín hablaba de los desencuentros irreconciliables entre las fuerzas políticas populares que habían allanado los golpes de estado. Así como en ese momento se tomó conciencia de que ciertos límites no podrían cruzarse nunca más, ahora, afortunadamente, hay un número creciente de voces que piden llegar acuerdos programáticos.

Iniciado el diálogo, creemos, desde nuestros principios ideológicos, que también aquí es necesario proponer un acuerdo de cariz socialdemócrata para intentar transitar una segunda transición democrática. La primera, la del ‘83, fue de las dictaduras a la democracia. El alto consenso logrado garantizó un éxito que en aquellos momentos parecía imposible. Ahora, esta segunda transición, debe llevarnos paulatinamente del subdesarrollo al desarrollo inclusivo.

El desarrollo es mucho más que el crecimiento. Se puede crecer y a la vez aumentar la pobreza. Pasó en Argentina en los ‘90 y sucede hoy en distintos países de América Latina que las voces de ideas liberales ponen como ejemplo. Porque esa riqueza que se crea se concentra en pocas manos, generando sociedades cada vez más injustas.

El programa para transitar con éxito esa segunda transición no puede ser explicado en tan pocas páginas, más aun, se necesita tiempo todavía para su debate y acuerdo. Pero hay algunos tópicos que son imposibles de ignorar. Debe ponerse como objetivo cambiar la matriz productiva modificando la primarización de nuestra economía. El aumento de los precios de los commodities, a principio de este siglo, hizo pensar a muchos que nuestros problemas estaban resueltos, como tantas otras veces en nuestra historia. Se creyó que con la ganancia extraordinaria producida por las exportaciones de productos primarios el país saldría a flote. Y se creció, es cierto, pero no disminuyó la pobreza ni se utilizó esa renta para crear un modelo industrial moderno.

Ahora que los precios han caído y queda una vez más claro que no podemos depender de una producción tan limitada. Es necesario dar impulso a la industria, sobretodo aquella en que tenemos ventajas comparativas, como son algunos recursos naturales. No es lo mismo explotar recursos sin restricciones y sin valor agregado que utilizarlos inteligentemente. Para dar una idea de lo que estamos hablando hay un dato bien ilustrativo. Desde hace 20 años, cuando se liberó el cultivo de soja transgénica, los asentamientos precarios en los suburbios de las ciudades más grandes crecieron el doble. ¿Es casualidad? Por supuesto que no. A medida que el precio de la soja aumentó, su cultivo se extendió desde la pampa hacia otras regiones, como el NOA, a un costo enorme. En los años de auge del cultivo se llegaron a deforestar 300 mil hectáreas anuales de bosque nativo.

En esos bosques vivían campesinos y comunidades de pueblos originarios que fueron expulsados sin protección por parte del Estado, sobretodo de la justicia, convirtiéndolos en habitantes sin derechos de esos nuevos asentamientos suburbanos.

La deforestación nos hace perder recursos forestales, madereros, calidad de suelo y bienes genéticos, entre otros. Si en vez de hacerlos desaparecer, para permitir el cultivo y la ganancia de unos pocos, los protegemos y luego los utilizamos racionalmente, dándole valor agregado, en productos farmacéuticos, madereros, cueros, turismo, y lo combinamos con el manejo extensivo de la ganadería, podríamos cambiar la matriz productiva del norte argentino. Esto mejoraría la calidad de vida de su población, preservando para las cuentas nacionales un patrimonio natural del que no podemos prescindir.

Con la minería pasa algo similar. O seguimos prácticamente regalando el oro, la plata y el cobre, o ponemos un límite a la mega minería, modificamos la ley de inversiones mineras y permitimos sólo aquellas que además de limitar el impacto ambiental se industrialicen en el país.

Terminemos con eso de vender a 10 el oro puro y recomprarlo como joyas o hilos industriales a 100. Para esto se necesita un Estado dispuesto a poner límites al uso del suelo, a cumplir con las leyes de protección de bosques nativos y de glaciares, y a cambiar la ley de inversiones mineras. Se trata de un Estado que cobre retenciones sobre producciones que generan ganancias importantes, como la agricultura pampeana y la minería, para volcarlas en una parte acordada a la investigación en ciencia y creación de tecnologías útiles para dar ese manejo inteligente a los recursos naturales.

Es necesario, además, cambiar el sistema impositivo, donde debe gravarse más a los bienes personales y a las transacciones financieras. Hay, desde ya, otras muchas ramas y actividades, las industriales, las economías regionales, la utilización racional de la productividad del mar argentino. Está claro que desde un Estado débil es imposible poner límites y regular a los grandes capitales y administrar con justicia la riqueza que se genera.

¿Cómo se puede poner límite al uso de la tierra si no es con un compromiso entre muchos? ¿Cómo cobrar impuestos a los que más tienen y más ganan si no es con un consenso democrático? La paciencia de la sociedad no es infinita y como pasó a fines de los años 30, cuando la democracia liberal sufría un gran desprestigio en gran parte del mundo, puede hoy ocurrir lo mismo en la Argentina si no nos damos instrumentos que permitan crear un país más justo. Esa sociedad sólo se da en un marco de desarrollo inclusivo. Ese desarrollo sólo es posible alcanzarlo con un acuerdo político y social que trascienda a un partido político y a los tiempos de un gobierno.

El actual ejemplo de Brasil debe servirnos como alerta para apresurar el logro de esos consensos democráticos si no queremos ver la aparición de un Bolsonaro argentino. Salir de la grieta y proponer una agenda para transitar una segunda transición hacia un desarrollo inclusivo y permanente es tarea de las fuerzas socialdemócratas, que pueden representar a millones de argentinos que hoy se encuentran desorientados, desilusionados y angustiados por sentir que no tienen voz ni representación de sus intereses.

La construcción de una democracia social como la que soñó y propuso al pueblo argentino Raúl Alfonsín 35 años atrás no es una utopía. En todo caso es un desafío político complejo, pero lejos está de ser imposible.

Por Pablo Quiroga

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