Opinión Por Ricardo Alfonsín Lunes, 21 de Mayo de 2018

Presión corporativa y “fallos del Estado”

Lunes, 21 de Mayo de 2018

Solemos leer y ver en los medios de comunicación a economistas, politólogos, sociólogos y analistas, todos ellos presentándose la mayoría de las veces como apartidarios, argumentando a favor de avanzar en la institucionalización de áreas de gestión estatales que sean “independientes de la política”. Para ser más precisos, a lo que se refieren es a que sean independientes de los políticos que ocupan cargos electivos.

El argumento a favor de esta postura es el siguiente: loas político tienen la necesidad de ganar elecciones y eso puede llevarlos a tomar decisiones electoralmente muy rentables pero perjudiciales desde el punto de vista del interés general. De este tipo de prácticas suele acusarse al populismo (y lo que no es populismo también).

El propósito de esta nota no es descalificar estas visiones con respuestas arquetípicas como las que sostiene que “lo que persiguen es crear instituciones que sirvan para burlar la voluntad ciudadana”. Es probable que en algunos casos esa pueda ser la intención, pero no sería honesto intelectualmente atribuir a todos el mismo propósito.

Antes de avanzar debemos hacer dos o tres aclaraciones. El “incentivo electoral” no es, ni mucho menos, el único incentivo de los políticos. No creemos además que cause necesariamente efectos negativos sobre las decisiones, más bien pensamos lo contrario. Tampoco compartimos el escepticismo que parecen tener algunos respecto de la responsabilidad con la que pueden actuar los votantes, sobre todo si se garantizan condiciones para un debate público informado y plural. Esto último, claramente, no depende sólo de la política.

Podemos decir también que no sería realista negar la posibilidad de que la “necesidad de ganar elecciones” pueda llevar a que se tomen decisiones que no son las más adecuadas. Ese riego existe. Es real. No es una fantasía. Por lo tanto, consideramos necesario reflexionar mucho acerca de cuáles pueden ser los caminos que conduzcan a su minimización. No es un asunto fácil. Se engrana, además, con cuestiones como la legitimidad democrática, lo que lo hace aún más complejo.

Sin embargo, es fundamental intentar evitar que se instale en la ciudadanía una visión simplificada acerca de los “fallos del Estado” (decisiones públicas equivocadas). Evitar que siempre se los adjudique al “incentivo electoral”. Además, los “errores” impulsados por este factor no son necesariamente los más dañinos. Para decirlo más directamente: nos llama la atención el hecho de que no se debata también acerca de otras formas de presión o influencia sobre las decisiones políticas que también pueden afectar negativamente en su calidad. Pensemos en cuántas decisiones equivocadas se adoptaron, aquí y en el mundo, por influencia del FMI, que por cierto es muy independiente de las preferencias electorales. Otro tanto podríamos decir respecto de la influencia de los “mercados financieros”. También son absolutamente invulnerables al “incentivo electoral”.

Ahora queremos detenernos en un tema que a nuestro criterio entraña un riesgo mayor al que puede representar el “incentivo electoral”, respecto de la posibilidad de tomar decisiones públicas inadecuadas. Es un elemento, además, que muy pocas veces (con la salvedad que haremos al final) es propuesto como tema de debate. Nos referimos a los riegos que supone, especialmente en materia económica, la eventual influencia de las corporaciones económicas, sobre todo de las más grandes, en la elaboración de las decisiones gubernamentales. No nos referimos a cuestiones reñidas con la legalidad. En todo caso para eso está la Justicia. Pero el legal no es el único aspecto que hay que tener en cuenta al analizar o valorar la calidad de las decisiones públicas. El hecho de que persigan o no el interés general es uno de los aspectos centrales que no se puede ignorar a la hora de evaluarlas.

El tema es que hay quienes consideran que entre el interés general y el interés particular no existen contradicciones. Es una idea que presupone que el interés general es la suma de los intereses particulares. Se parte de la convicción de que si a las corporaciones, sobre todo a las más grandes, les va bien, también le irá bien al país. Con el mismo razonamiento se afirma que si a las grandes corporaciones les vale mal le irá mal al país. Seguramente muchos de ustedes recordarán una frase que sintetiza bastante bien lo que queremos decir: “Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos”.

A los gobiernos que piensan de esa forma no les parecerá riesgosa la penetración de las corporaciones en la maquinaria estatal y su influencia en la toma decisiones. Es probable que su visión sea al revés: les parecerá beneficioso para las corporaciones en sí mismas y para el país. Podríamos decirlo así: no es por las corporaciones sino por el país que no es mala la influencia del gran capital en la decisión pública. Esta identificación o equivalencia entre los intereses de las corporaciones económicas y el interés general no está empíricamente acreditado. No tiene nada de científico. Es pura ideología. Es una visión que, a nuestro criterio, entraña un grave riesgo para el interés general.

Es claro que el actual gobierno, por la cantidad de funcionarios reclutados en el mundo de las corporaciones económicas que tiene, participa de la ideología a la que nos hemos referido en el párrafo anterior. Nosotros, en cambio, creemos que la relación entre el interés general y el particular es siempre conflictiva. Por lo menos es potencialmente conflictiva. Sabemos en los partidos políticos hay personas que comparten esta visión y también entre los intelectuales independientes. Por eso nos llama la atención que se insista tanto en los riegos del “incentivo electoral”, respecto de las decisiones gubernamentales, y se hable tan poco del peligro que representa la concepción que sostiene que lo que es bueno para las grandes empresas es necesariamente bueno para el país.

Antes de terminar queremos hacer algunas precisiones. No es exacto afirmar que no se habla en los medios de comunicación de los riegos de la eventual influencia corporativa en las decisiones del Estado. Sí suele hablarse de ello. Lo que ocurre es que lo hacen políticos, economistas, sociólogos o politólogos, que están asociados a tal o cual partido. Esta pertenencia hace que sus discursos y posiciones, en virtud del famoso “incentivo electoral”, sean sospechados de la falta de objetividad que suele atribuírsele a la Academia”. Y, hay que aclarar, en la Academia hay economistas, sociólogos y politólogos que hablan de los otros riegos en las decisiones públicas, pero no se los invita para hablar del tema.

Por Ricardo Alfonsín -

Publicado en http://replanteorevista.com/


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