Opinión Viernes, 27 de Febrero de 2015

Militantes sociales, ciudadanos que ven más allá que las personas comunes

Por Jorge D’Agostino

Como Diputado Nacional, no debo entrometerme en las decisiones del Poder Judicial. Sin soslayar este requisito republicano, me veo en la obligación de opinar, lo que también es mi derecho, sobre las condiciones soportadas por militantes sociales, en la madrugada del 3 de agosto de 2014, al impedir el paso sobre la RN 15, cerca de Concordia (ER), con destino a ROU, a 4 camiones que se usan para la exploración de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica (fracking).-

En aquel momento Facundo Moulins, Horacio Di Carli, Bernardo Zalisñak y Francisco Larocca, sin razón aparente, más allá de sus manifestaciones contrarias al paso de las máquinas, fueron reprimidos a los golpes por gendarmes, a la vera de la ruta. Todo lo demás sobre las responsabilidades surgirá de las pruebas, pero hay algo que la sociedad debe al menos debatir. 

Los militantes sociales, que impulsan un reproche público en defensa de un nivel superior de bienestar, como es el medio ambiente, claramente deben ser diferenciados del actor común y tratados con preferencia y en tal sentido, sus intervinientes, carecer de penalidades, insisto, si no hay daño a las personas o las cosas. La evaluación surge del abandono del Estado en el control de estos derechos, lo que genera la reacción social por vía del denominado “contra-derecho

pacífico” último modo de defensa ante la ausencia del gobierno en temas que conmueven en lo mediato y nadie ve, salvo los militantes sociales.

Hoy las personas mencionadas más arriba, ya se encuentran procesadas, y podrían ser condenadas, por defender una convicción ambiental, que vale más que el tiempo demorado a 4 camiones de perforación y eventual contaminación del Acuífero Guaraní, lo que está directamente vinculado con todas las generaciones futuras.-

En otro momento la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la instalación de pasteras en Uruguay fue aceptada, reconocida y legitimada socialmente. El colectivo de argentinos que sostiene la lucha ambiental es conocido en todo el país por sus nobles fines altruistas. El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que entiende este caso, ha cambiado de opinión, ya que en ocasión del conflicto de las pasteras y denuncia del gobierno nacional a los asambleístas, no hizo lugar al pedido del Estado Nacional para que se los cite a indagatoria, acusados de esos delitos como consecuencia del corte del puente que une las localidades de Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay). En su sentencia aseguró que "aquellos que hubieran intervenido en la interrupción del tránsito vehicular en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional n° 136 no han sido en términos de Roxin, asequibles normativamente, por haber obrado incursos en un error de prohibición invencible, por lo que la convocatoria a prestar declaración indagatoria por ese hecho, subsumido en los términos del artículo 194 del Código Penal, no puede prosperar". 

Lamentablemente, para los militantes procesados por el reclamo de la Ruta Nac. 15, por los mismos hechos no se les aplica el mismo criterio. En este sentido es que me tomo la impertinencia de preguntar cuándo y porqué la lucha contra el Fracking, completamente organizada e institucionalizada en la Provincia, que tiene legitimidad social y política pasó a convertirse en un hecho criminal, cuyos participantes perdieron su condición de militantes sociales para pasar a ser procesados.

La revalorización de la lucha por nuestros derechos civiles, políticos, sociales y económicos, tal como hoy los conocemos, se dio en un marco de reacción por sus limitaciones desde la Revolución Francesa. La legitimación de la lucha de estos militantes sociales, admitiendo la preferencia del valor de sus actitudes colectivas, no debiera hacerse esperar tanto.

 

Por Jorge D’Agostino, diputado nacional.

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