Opinión · Miercoles, 5 de Noviembre de 2014

La regulación de las telecomunicaciones, una pantalla para disimular la discrecionalidad del gobierno nacional

Por Hugo Maldonado

El gobierno nacional impulsa cambios en la legislación sobre telecomunicaciones, que afectarán numerosos aspectos de la regulación vigente con sentido positivo en algunos casos, como facilitar la convergencia de los servicios y reconocer a las tecnologías de la información como un servicio público esencial y estratégico, por una parte.  

Pero, a la vez, lejos de favorecer la competencia, la calidad y la accesibilidad de los servicios, incrementará la posición dominante de los actuales operadores de telefonía, modificando el mercado de las telecomunicaciones con una mayor concentración. 

La concentración de poder absoluto que operará de ahora en más si estas empresas más grandes, que concentran 70% del mercado de las telecomunicaciones, tienen vía libre para acceder a otros mercados significará la profundización del oligopolio en la Argentina.

Esta posibilidad latente tendrá entonces efectos negativos sobre nuevas inversiones, agrandará las asimetrías entre los distintos operadores más grandes o pequeños y atentará contra los derechos de los usuarios.

Así, desde la sanción de la nueva norma, todos los actores de las comunicaciones podrán brindar todos los servicios. Por ejemplo Telefónica y Telecom podrán dar televisión por cable y Cablevisión podrá dar telefonía. Esta última posibilidad estaba habilitada desde hace quince años, pero en la práctica no podía hacerlo porque el Gobierno no se lo permitió al negarles numeración, excluirlos de las licitaciones de telefonía celular y negarles condiciones de interconexión justas.

Al habilitar el ingreso al mercado de televisión por cable de las compañías telefónicas, que hasta ahora lo tenían prohibido, se consolida una asimetría de mercado.

A las empresas de cable que compiten con las empresas telefónicas en Internet, las obligaron a escindirse sin poder cubrir más que 24 localidades, mientras que las telefónicas con despliegue en todo el país, podrán aprovechar ahora de la convergencia y dar video sin límite alguno.

En su alcance territorial, los servicios de las telefónicas podrán llegar a todo el país, brindando al mismo tiempo telefonía fija, celular, Internet y TV, mientras las empresas de cable solo podrán hacerlo a una mínima parte, debido a las restricciones que establece la Ley de Medios, aun cuando a estas últimas se las obliga a poner sus redes y conectividad a disposición de todos los demás operadores.

No cabe duda que la figura de servicio público, por el que personalmente vengo peleando hace varios años, es una herramienta positiva, ya que posibilitará el poder de regulación estatal sobre tarifas y condiciones de prestación de los servicios.

Sin embargo, será indispensable contar con una adecuada capacidad de revisión por el Poder Judicial y facilitar la participación popular para el control ciudadano de la calidad y garantías de acceso a los servicios, aspectos que también han sido soslayados en este proyecto de ley.

Está claro, entonces, que lo que escuda detrás de la necesidad de esta regulación es la discrecionalidad del gobierno nacional.

 

Por Hugo Maldonado, diputado nacional de la UCR-Chaco

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