Opinión · Jueves, 30 de Octubre de 2014

A 31 años de la recuperación de la democracia

Por Osvaldo Casalins y Juan Manuel Cuello

El 30 de octubre de 1983, la sociedad argentina festejó no la victoria de un partido
ni la derrota de otro, sino la entrada a la vida democrática, un renacer frente a la
muerte autoritaria que había predominado en el país durante los oscuros tiempos
dictatoriales.

Es indudable que aquella fiesta cívica significó un gran paso adelante, una
formidable oportunidad de cambio. Las calles se poblaron de ciudadanos con
alegría, esperanzas y conciencia del sentido supremo de la libertad.

Democracia es vigencia de la libertad y los derechos pero también existencia de
igualdad. Democracia es no sólo garantizar los derechos políticos o el sufragio,
sino es extender la ciudadanía cívica y social a todos los habitantes.

Pero detrás de éstas esperanzas, el nuevo gobierno debía afrontar grandes
desafíos en lo económico y financiero, luego del exponencial crecimiento de la
deuda pública, la destrucción del entramado productivo, precio de los bienes que
exportábamos por el piso y tasas de interés internacionales superiores al 15%
(hoy al 1 o 2%); como batallar contra las fuerzas poderosas que no querían la
democracia en la Argentina.

Bajo este contexto, el recién asumido Presidente Dr. Raúl R Alfonsín envió al
Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto-amnistía
No 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue
sancionado como Ley No 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

Al mismo tiempo sancionó los decretos que ordenaba procesar a las Juntas
Militares que dirigieron al país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Para ello, el mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto
Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con
la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones
de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares. El famoso
informe se publicó bajo el nombre del “NUNCA MAS” y fue la base para que los
fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo lograran que el 9 de
diciembre de 1985 se dictara la sentencia condenando a las Juntas militares. Que
un gobierno democrático condenara a los responsables del régimen dictatorial
saliente, constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, y que fue utilizado de
ejemplo para varios países.

Estos acontecimientos forjaron las bases para que hoy pudiéramos contar 31
años de democracia sin interrupciones, período más largo de la historia. Estos
años transcurridos han dejado, entre otras cosas, una certidumbre que debemos
evocar: algo notablemente ha cambiado a partir de 1983; no hubo ni habrá
en nuestro país más presidentes de facto. Y como sostenía Raúl Alfonsín, que
“bajo el amparo de la autonomía que brinda una cultura cívica apoyada en
instituciones fuertes, un Estado de Derecho, partidos sólidos y renovados, y,
fundamentalmente, en sujetos democráticos, porque sólo así la democracia podrá
sobrevivir a sus gobernantes y evocarse, ya no como un sistema de instituciones,
sino como una forma de vida”.

 

Por Osvaldo Casalins y Juan Manuel Cuello, autoridades del Comité U.C.R de Chascomús.

 

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