Opinión · Sabado, 27 de Setiembre de 2014

Estado y economía

Por Ricardo Alfonsín. Diputado nacional por la Unión Cívica Radical.

Durante el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de abastecimiento, el oficialismo intentó “meter en la misma bolsa” a toda la oposición. Es un recurso al que apela con mucha frecuencia. Según sus dichos, las bancadas opositoras no apoyaron el proyecto en cuestión porque comparten la idea de que la sociedad, la política o el Estado, como el lector prefiera, no deben intervenir en el funcionamiento de la economía o debe hacerlo en la menor medida posible. Desde luego que estoy convencido  de que sus dichos no reflejan lo que realmente piensan pero eso es harina de otro costal.
Al periodista de este medio presente en el debate se le ocurrió que podía tener sentido que explicara, desde mi punto de vista, no la posición del partido sobre el proyecto de ley ( ya suficientemente difundida) sino sobre la relación entre economía y Estado.
El propósito de este articulo pues no es otro que abordar esta cuestión de la manera más breve posible.
Forma parte de nuestras convicciones la idea de que los miembros de la sociedad tienen derecho a intervenir a través del Estado en la discusión y organización de todos aquellos aspectos de lo social que influyan en sus condiciones de vida.
En este sentido, dado el impacto que la educación, la salud o  la seguridad tienen en la calidad de vida de los miembros de la sociedad, ¿puede alguien negarles el derecho a intervenir en la discusión y organización de esas cuestiones? Creo que nadie.
Ahora bien, la economía es otra de las cuestiones que impactan fuertemente en la vida de los hombres y mujeres que conforman la sociedad. No me parece que esta afirmación requiera de fundamentación alguna. La pregunta entonces es la siguiente: ¿puede  alguien negar que los miembros de la sociedad tienen (como en la educación, la salud o la seguridad) derecho a intervenir en su organización y funcionamiento? Sólo unos pocos responderían negativamente. No tan pocos, en cambio, sin perjuicio de reconocer ese derecho, agregarían que su ejercicio no redunda ni en beneficio de la sociedad ni en el de la economía; que es mejor hacerlo a un lado y dejar librada la organización de la economía al mercado o al sector privado.
Al radicalismo no lo encontraran entre los que adhieren a la primera respuesta. Tampoco entre los que adhieren a la segunda. (Dicho sea de paso, no pueden decir los mismo todos los hombres y mujeres del oficialismo: durante los años ’90, la mayoría de sus miembros acompañaron con fervor las políticas de retiro o ausencia del Estado. Eran los años del neoliberalismo y allí estaban la mayoría de los miembros del actual oficialismo)
En consecuencia, no es la idea de la "intervención", como sin mucha honestidad intelectual dice el oficialismo, la que en  muchos casos nos coloca en posiciones enfrentadas, sino "el tipo concreto de intervención": su naturaleza, su calidad técnica, legal o política, por decirlo de alguna manera.
Excepto para el oficialismo, es bastante obvio que no hay una sola forma de intervenir. Es más, no sólo el llamado progresismo reivindica la intervención de la sociedad o la política en  la economía, también lo hacen las fuerzas muy reaccionarias. Pero incluso dentro del progresismo (y por varias razones) pueden existir diferencias.
Abreviemos: no se trata de intervenir por intervenir, o de hacerlo de cualquier forma.Es obvio. La intervención debe ser virtuosa, tanto social como económicamente. Debe inspirarse en la defensa del interés general, debe ser transparente y respetuosa del Estado de Derecho. En suma, hay que saber cuándo, dónde, y cómo intervenir y cuándo, dónde y cómo no hacerlo. Interrogantes estos que no son sólo técnicos sino también políticos. Y la respuesta no siempre es una sola. De varias de estas cosas se olvidó el oficialismo.
De otra condición necesaria para la calidad de la intervención pública (no sólo en economía) se olvidó  el oficialismo: del Estado. Decía Emile Durkheim que el Estado es la inteligencia de la sociedad. Pues bien, pocas cosas son tan demostrativas de la falta de convicción progresista del oficialismo como la despreocupación por dotar al Estado del conocimiento, la competencia y la integridad necesarias para su idoneidad. Ello, inevitablemente, afectó de  modo negativo la calidad de las  políticas públicas.
Por último, uno de los aspectos no demasiado considerados de los errores del Gobierno, tiene que ver con el hecho de que los mismos, al ser incorrectamente identificados con el progresismo, pueden terminar promoviendo preferencias ciudadanas mayoritarias hacia aquellas concepciones que gobernaron la Argentina de los ‘90. Evitar que esto ocurra es otro de los desafíos que tenemos quienes creemos que eso no sería lo mejor para el país. No lo olvidemos.

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