Opinión Miercoles, 3 de Setiembre de 2014

Deuda: buscar una solución, no cómplices ni culpables

Por Alfonso Prat Gay

Diez años atrás, cuando presidía el BCRA, recibí un llamado de un abogado que aún hoy asesora a la República. “Alfonso, ¿el Banco Central tiene depósitos en Panamá, no es así?”, me preguntó.

“Así es”, le dije.

“Necesitamos que los gire a Nueva York. Panamá no es segura frente a los juicios que está sufriendo la República”, me ordenó.

Le expliqué que, a mi humilde entender y como estaban planteadas las cuestiones judiciales, la plaza más insegura para activos argentinos era, precisamente, Nueva York.

Pero no hubo forma. Insistió en su recomendación, poniéndola por escrito.

Tres meses más tarde, vuelve a llamarme este mismo letrado, cerca de la medianoche, manifiestamente urgido por el avance de una causa en el juzgado de un tal juez Griesa. “Alfonso, se está complicando la situación judicial acá en Nueva York. Le sugiero que gire esos fondos de vuelta a Panamá.” “No se preocupe, doctor. Los fondos nunca salieron de allí. Me tomé el atrevimiento de no hacerle caso”, le contesté satisfecho.

Apenas unos pocos meses más tarde, el kirchnerismo lanzaba su primer canje de deuda con 40% de los bonos de ley extranjera emitidos en Nueva York y el compromiso de que el agente de pago de todos los bonos tuviera su sucursal principal en Nueva York y se rigiese por las leyes de Nueva York.

La jurisdicción estaba hasta en el nombre del fiduciario elegido: Bank of New York (BONY).

Pasaron diez años. La improvisación de la estrategia judicial de Argentina es la misma.

El proyecto de ley de la Presidenta tiene idéntica lógica a la de aquellos llamados telefónicos: “me equivoqué, no me hago cargo, cambio de lugar … y ¡después vemos!” La Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Exterior de la República Argentina es la admisión oficial del fracaso de la gesta épica de la reestructuración de la deuda.

Frente a errores ya inocultables, el kirchnerismo elige el camino de siempre: 1.

Socializar la pérdida con la oposición, buscando impunidad (“declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010”); 2.

Identificar un culpable (el BONY, hasta hace poco un aliado frente a los buitres y el único banco sin operaciones en Argentina al que se le otorgó el privilegio de abrir una cuenta en el BCRA) y 3.

Proponer un camino que no lleva a una solución (cambiar al BONY y, eventualmente, la jurisdicción de los bonos alcanzados por el fallo de Griesa).

Si en vez de victimizarse el Gobierno quisiera verdaderamente resolver el problema en que nos metió, esto es lo que debería hacer: 1) Retirar la ley del Congreso. Entendida por la justicia de EE.UU. como un mecanismo para eludir aquella sentencia, la ley de Cristina Kirchner es especialmente inoportuna de cara a una decisión muy probable antes de la ley: que el 18 de septiembre la Cámara de Apelaciones libere los pagos a bonistas fuera de la jurisdicción de Griesa.

2) Recomprar los bonos reestructurados emitidos en Nueva York. Esta operación de administración de pasivos es una decisión soberana habitual y absolutamente lícita y es consistente con el deseo de Argentina de honrar su compromiso con quienes entraron al canje. A diferencia del engorroso (por decir lo menos) cambio de jurisdicción propuesto en el proyecto de ley, la recompra es, además, efectiva: el bonista no debe inscribirse en ninguna lista ni elegir una jurisdicción inconveniente (ya sea local o europea). El valor de mercado de estos bonos no llega a US$ 8.000 millones, una cifra manejable. A medida que se vayan recomprando, el precio de éstos y de todos los bonos de Argentina irá subiendo, por la renovada demanda y porque el mercado comprenderá que nos encaminamos a una solución definitiva del conflicto. Una vez que sus precios alcancen los valores máximos del 31 de julio (cuando descontaban un arreglo con los holdouts), el Gobierno podrá colocar un nuevo bono, un Bonar 30 de legislación argentina, por el mismo monto y plazo promedio que el paquete de bonos rescatados.

Resultado de la operación: la deuda total no cambia y el Banco Central incrementa sus reservas, ya que los bonos nuevos se venden a un precio promedio mayor al de recompra de los viejos.

Cambio de bonistas y no de jurisdicción.

Los bonos en default salen de circulación y se despejan los futuros vencimientos.

3) Sentarse con los fondos buitre, ahora sí en igualdad de condiciones.

La denunciada intransigencia de éstos no tendrá ya cómo sustentarse: el aspecto más controversial del fallo de Griesa desaparece al no existir en su jurisdicción bonistas contra los cuales contrastar la cláusula pari passu. Por primera vez los litigantes tendrán razones para considerar la oferta de canje, lejísimos de sus pretensiones en las condiciones actuales, e iniciar una negociación. La reapertura del canje también ganaría interés para el resto de los holdouts: no sólo porque ya es manifiesto que esta propuesta es más generosa que la de otros países menos comprometidos (por obra del cupón del PBI), sino también porque se desdibuja la alternativa superior contra qué compararla.

Pelearse “contra los buitres” es atractivo para demagogos, sean oficialistas u opositores, que no explican el costo de ignorar para siempre la sentencia de la justicia que Argentina y sus abogados eligieron para dirimir controversias. Mientras tanto, cada día le cuesta al fisco más de US$ 6 millones en potenciales intereses punitorios. Eludir el fallo cambiando el fiduciario y/o la jurisdicción profundiza el problema, no lo resuelve.

Kicillof heredó estos problemas. Pero si insiste en la mala praxis de sus predecesores, reclamándole a la “escribanía” que apruebe una ley innecesaria y contraproducente, profundizará otros desastres, más acuciantes, que sí son de su exclusiva autoría: la duplicación de la inflación; la recesión y la pérdida de 400.000 empleos; el aumento de la pobreza; la caída de las reservas; el récord de la brecha cambiaria y el rebote de la deuda externa.

 

Por Alfonso Prat Gay, diputado del Frente Amplio UNEN y ex presidente del Banco Central

 

FUENTE: Clarín

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