Opinión Viernes, 29 de Agosto de 2014

Hablando de década, ¿qué pasó con ACUMAR?

Por Pablo José Quiroga

En rigor se han cumplido ocho años desde la creación de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR) y seis del histórico fallo por el que la Corte Suprema ordenó a las tres jurisdicciones implicadas -Nación, Provincia y CABA-  que apliquen un plan de saneamiento ambiental.

Es difícil realizar un análisis positivo del accionar en estos años. Lo más importante se produjo bajo la presión ejercida por la Corte para cumplir el fallo, mientras ACUMAR nunca pudo mostrar un Plan de Saneamiento integral y con visión de largo plazo.

Es más: la última modificación en el directorio, de fin de 2013, reemplaza en la presidencia al secretario de Ambiente de la Nación por alguien cercano al ministro de Infraestructura. Este cambio nunca fue explicado cabalmente, pero sin duda al incumplir lo dispuesto por la ley se le quita el poco peso ambiental que le quedaba al organismo.

Los diversos decisorios de seguimiento de la Justicia desde entonces, siempre críticos a la acción de ACUMAR, nos liberan de mayores comentarios sobre la falta de decisión política del gobierno nacional y más aún de la Provincia y de la Ciudad por modificar el estado de cosas.

Si bien se encuentran algunos avances como la erradicación de basurales a cielo abierto, la apertura en ciertas zonas del camino de sirga, la realización de evaluaciones integrales de salud o el relevamiento de industrias de la zona, es mucho más lo que se podría haber realizado si hubiese decisión política para hacerlo.

Para comenzar, la falta de colaboración de los intendentes del conurbano hace que hoy el 75% de los basurales levantados estén otra vez abiertos y en las mismas condiciones que en un principio, cerca de los 280 asentamientos que nunca se urbanizaron. Para agravar las condiciones de vida de las 120 mil familias que viven allí, a pesar de que en el marco regulatorio de la ley de creación de AySA se preveía la asistencia con agua potable al 100% de esa población, el objetivo no se ha cumplido, con el agravante de contar con un crédito aprobado del Banco Mundial por 850 millones de dólares desde 2009. Así, hoy el 35% de la zona carece de agua potable y el 55% de servicios cloacales.

En cuanto al relevamiento de empresas, se estableció que hay unas 12 mil, de las cuales 1.100 eran agentes contaminantes. De ellas, menos de la mitad entró en el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y hoy sabemos casi no tienen incidencia en la mejora de las condiciones del ambiente.

Podríamos seguir enumerando situaciones que reflejan el poco o ningún avance en la zona afectada, reafirmadas por informes de la Auditoria General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o los reclamos de la Justicia.

Pero lo cierto es que lo que salta a la vista es que se ha priorizado evitar conflictos con actores políticos locales y nunca se tuvo una visión integral y de mediano plazo para resolver cuestiones estructurales que hacen a la calidad de vida de varios millones de habitantes. La herencia para el próximo gobierno será ardua, aunque deberá establecer como prioridades el agua y las cloacas, la urbanización, la limpieza de basurales y la integración de las industrias a planes de reconversión con niveles de calidad de agua más exigentes que los actuales.

Por último, la ley de creación del ACUMAR prevé, para garantizar la participación social y poder oír otras voces por fuera del Estado, el funcionamiento de un Cuerpo Colegiado integrado por ONGs y coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Como desde diciembre de 2013 la Defensoría, en un hecho sin precedentes, está vacante, ese rol no puede cumplirse. Por lo tanto, como tantas otras cuestiones que hacen a la garantía del cumplimiento de derechos humanos esenciales, por decisión del Ejecutivo nacional y el triste seguimiento de un Congreso oficialista, las voces de los particulares están silenciadas.

 

 Por Pablo José Quiroga, Lic. en Ecología y ex Subsecretario de Política Ambiental.

    Seguí leyendo en Opinión