Opinión · Jueves, 21 de Agosto de 2014

Estafa a la confianza y necesidad de la gente

En una maniobra con la que el Gobierno seguirá evitando la declaración del servicio público, hace algunos días el Secretario de Comercio Augusto Costa anunció que sumarán a las empresas de telefonía celular al programa de Precios Cuidados. Desafortunadamente, se trata de una medida incompleta que profundiza el abandono de los usuarios por parte del estado y posterga la solución de fondo: caracterizar a la telefonía móvil e internet móvil como servicios públicos.

La telefonía celular es hoy el principal -y en muchos casos el único- medio de comunicación de la mayoría de los argentinos. Por eso resulta extraño que el estado permanezca inmóvil frente a la desprotección que sufren día a día los usuarios. Ante la inexistencia de un marco regulatorio establecido por ley, las empresas licenciatarias que prestan el servicio tienen una libertad de maniobra – fundamentalmente a la hora de establecer tarifas- que de ningún modo podrían operar con un adecuado y eficiente control estatal.

Los incesantes reclamos de los usuarios de teléfonos celulares están vinculados en su mayoría, tanto al deficiente funcionamiento del servicio, como a problemas de facturación o a la falta de información sobre las características de los productos y sus condiciones de comercialización. Es por eso que los “Precios Cuidados para la Telefonía Celular” no constituyen un avance completo en materia de derechos al consumidor ni de protección a los usuarios. Lamentablemente, no veo en esto más que una complicidad y una estafa cuyo único objetivo parece ser evitar la declaración de servicio público.

Al igual que otros representantes de todo el arco político, soy autor de dos proyectos de ley vinculados a la temática. Uno de ellos establece la emergencia del servicio de telefonía por el término de un año (5698-D-2013); y el otro establece un cambio de nominación llamando Servicio Público a la telefonía móvil e internet (4848-D-2013). La misma significaría una regulación activa por parte del estado para controlar que se cumpla con más inversiones, más tecnología, mejor calidad de servicio y participación de los usuarios en las decisiones sobre tarifas y precios.

Entre otras cosas, la legislación sobre servicios públicos requiere en primer lugar considerar al usuario como un verdadero soberano. Como parte indispensable de nuestro sistema constitucional, sostiene que se deben prever aspectos sustanciales como la necesaria realización de audiencias públicas, con participación del Defensor del Pueblo, antes de la adopción de determinadas medidas. Además, la aplicación de la ley de defensa del usuario y del consumidor exige una tarifa justa y razonable tanto para el contratista como para el usuario y la responsabilidad estatal de control de los monopolios naturales o legales, bajo el principio de “quien concede no debe controlar”.

Se discutieron en comisión otros proyectos también relacionados con la telefonía, incluido uno que surge del propio oficialismo y podría haber significado una renovada intención de dar tratamiento al tema, pero lo cierto es que el Kirchnerismo evita desde hace años que el Congreso trate estos proyectos, y a fin de cuentas no hemos podido avanzar en lo importante.

Las empresas licenciatarias del servicio no invierten: solo se invirtió un 10% anual en promedio mientras se triplicaron la cantidad de usuarios. Por lo tanto, muchas veces no existen las frecuencias o canales suficientes acordes a la expansión del servicio, no se han colocado las antenas suficientes para lograr estándares aceptables del servicio.

El servicio es actualmente un oligopolio, ya que no hay competencia sino acuerdo para no invertir y el gobierno parece hacerse el distraído. Si a esto le agregamos que no hay leyes suficientes que hagan a un estricto control, que queda en manos de reglamentaciones esporádicas y un organismo regulador dependiente del Poder Ejecutivo que se mantiene intervenido por años, que faltan políticas de comunicaciones y un marco regulatorio adecuado a las garantías constitucionales y que a los usuarios y a las organizaciones de consumidores no se les da ninguna participación, los resultados son obvios: la telefonía móvil en argentina se cuenta entre las peores del mundo en calidad de prestaciones y a la vez de las más caras.

No podemos seguir esperando. Las características masivas del uso de la telefonía móvil nos imponen la necesidad de un marco legal apropiado para un servicio público esencial.

 

Por Hugo Maldonado

Diputado nacional por la UCR

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