Opinión Por Alejandra García Viernes, 15 de Agosto de 2014

Justicia independiente para destrabar el Consejo de la Magistratura

Si algo grave está ocurriendo en la Argentina de estos últimos años, es la intromisión del poder político en el ámbito de la Justicia. La reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno Nacional para colonizar el Poder Judicial fracasó frente a la decida acción de toda la ciudadanía que impidió la consumación de un brutal atropello a la Constitución Nacional.

Parte de la reforma inconstitucional pudo ser frenada, pero el principal problema que enfrenta el Poder Judicial de la Nación, la morosidad para designar jueces titulares en los tribunales vacantes, sigue sin resolverse. Los abogados sabemos por experiencia que en un juzgado o cámara con vacantes, los procesos son mucho más largos y las sentencias demoran en dictarse.

El Consejo de la Magistratura está paralizado. Tiene pendientes 112 concursos para designar 189 jueces de primera instancia y de cámara de casi todos los fueros nacionales y federales del país. Para tener una idea de la magnitud del problema, el Consejo de la Magistratura envió tan sólo 7 ternas al Poder Ejecutivo en 2013 y otras 6 ternas en el año en curso. De mantenerse el ritmo de los últimos dos años, el Consejo de la Magistratura necesitaría aproximadamente 17 años para proponer las ternas que todos los concursos en trámite a la fecha requieren.

Algunas de estas vacantes tienen particular relevancia institucional como la Cámara Nacional de Casación Penal, ya que deberá revisar, en un futuro cercano, emblemáticas causas en que se investigan supuestos casos de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno Nacional. No se trata entonces de ser tan sólo eficaces, de modificar reglamentos o de mejorar la gestión de los concursos, sino por sobre todo de asegurar la independencia, la imparcialidad y la idoneidad de los nuevos jueces. Únicamente así cumpliremos el mandato constitucional de afianzar la Justicia.

Ello se logra a través de concursos transparentes, transparencia que se vería potenciada si los representantes de los abogados no estuvieran proscriptos para integrar la Comisión de Selección del Consejo. Hoy en día, sólo el 11% de las vacantes son cubiertas con abogadas y abogados de la matrícula. Ello es consecuencia de que los actuales reglamentos no garantizan la igualdad de oportunidades para quienes no hicieron la carrera judicial. La incorporación de más abogadas y abogados a la judicatura provenientes del ejercicio profesional no sólo aportaría mayor pluralidad y diversidad al sistema judicial, sino que también sería una garantía de mayor independencia.

Por Alejandra García. Abogada. Candidata al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los Abogados de la CABA, Lista 8 Cambio Pluralista.

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