Opinión Por Juan Manuel Casella Lunes, 9 de Junio de 2014

El modelo que impuso la pobreza estructural

"Las garantías sociales de la libertad", esta idea es de Gabriel del Mazo, un intelectual olvidado cuya militancia política lo obligó, al final de su vida y por lealtad, a aceptar decisiones que no compartía. Vale la pena repetirla, porque ayuda a comprender de qué manera la vigencia de la libertad depende no solo del sistema institucional y legal sino también –en el mismo nivel de jerarquía– de una organización social equilibrada que asegure el mayor grado de igualdad posible en la distribución del ingreso.

La República es imprescindible para garantizar la libertad, pero no es suficiente. La responsabilidad de los gobernantes por las consecuencias de sus actos, la división de poderes, la periodicidad en los cargos públicos, la independencia de los jueces y el sometimiento universal a la ley integran un modelo diseñado para proteger los derechos básicos. Pero ese modelo no opera en el vacío: lo hace en un medio social concreto, cuyas condiciones de funcionamiento pueden poner en riesgo el sistema en su conjunto.

La libertad no es un concepto abstracto y autorreferencial. El derecho a ser libre tiene como telón de fondo la existencia real de factores que condicionan su ejercicio. El Estado concentrado, ilimitado e irresponsable fue, desde el fondo de la historia, un promotor de dependencia y subordinación. Al igual que la pobreza, porque las condiciones materiales de la existencia significaron, para tantos a lo largo de tanto tiempo, una derrota que los condenaba a la desesperación, a la resignación o a la violencia.

Existe una visión social de la igualdad que debe formar parte del escudo defensivo de la libertad. Por supuesto, cada hombre o mujer es diferente en su personalidad y pensamiento, y esas diferencias son enriquecedoras y deben preservarse. Pero la sociedad agrega o quita, y es ahí donde hay que buscar el equilibrio porque, como dice Bobbio, “la libertad privada de los ricos es inmensamente más amplia que la de los pobres”.

En principio, se trata de la aplicación de un criterio elemental de justicia: en las sociedades modernas solo es posible la acción individual en la creación artística o cultural. La política y más aún la producción de riqueza son consecuencias del trabajo colectivo, de cuyos resultados todos tienen derecho a participar. Pero además, hay que alcanzar la mejor calidad de convivencia: la justa distribución del ingreso promueve la paz social al eliminar desigualdades “de amenazadora peligrosidad para los que se consideran satisfechos” (otra vez Bobbio).

En Argentina, más de doce millones de personas viven en la pobreza o en la indigencia (Observatorio Social de la UCA). Tomando en cuenta la potencialidad productiva de la tierra en que vivimos, está claro que se trata de un problema de distribución de bienes, no de carencia de recursos.

Algunos se están quedando con más de lo que les corresponde, a costa de la pobreza ajena. Es cierto que debemos premiar la inteligencia, el talento organizador y la asunción del riesgo, pero una cosa es un lógico incentivo a la capacidad y otra, la acumulación de desigualdades groseras y peligrosas: la relación entre quienes están adentro del sistema y los que quedan afuera se convierte así en conflictiva y agresiva.

Los instrumentos básicos de igualación social son el trabajo y el salario. Pero la inversión y la calidad de las prestaciones en materia de salud, educación, vivienda y transporte definen el nivel de justicia e igualdad. La inteligencia en la elaboración de políticas públicas de mediano-largo plazo y la eficiencia en su aplicación son determinantes en ese sentido. El clientelismo por el que se decidió el partido de gobierno es una opción clara por el mantenimiento de la pobreza estructural.

La política dativa ejercida desde el Estado solo sirve para enfrentar la emergencia; mantenida como recurso permanente es un camino de sometimiento y exclusión. Finalmente, la corrupción instalada en el poder y en sus socios culmina el proceso de consolidación de una sociedad injusta.

Pero es evidente que con el diagnóstico no alcanza. La búsqueda del mayor grado de igualdad necesita apoyarse en ideas claras, modernas y sistematizadas.

La política no puede prescindir de una columna vertebral de principios e ideas que diseñen una visión integral de la sociedad a la que aspiramos y de los instrumentos que aplicaremos en su construcción. Solo de esa manera garantizaremos la coherencia, la continuidad y la eficacia de la acción de gobierno que nos permita volver a ser una República fundada en la justicia social.

 

Por Juan Manuel Casella (secretario del comité nacional de la UCR)

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