Opinión por María Laura Alfonso Jueves, 10 de Octubre de 2013

Los Intendentes ¿Al margen de la Constitución Nacional?

La eternización de los intendentes constituye una "desnaturalización de la atenuación de poder", según la autora.

En el año 1994, se llevó a cabo la reforma de la Constitucional Nacional, a consecuencia del denominado Pacto de Olivos, que tuvo lugar entre los líderes del entonces partido gobernante y de la oposición.

La misma tuvo por objetivo principal, atenuar el marcado régimen presidencialista imperante en nuestro país, a través de la introducción de la figura del jefe de gabinete de ministros, propia del régimen parlamentario.

No obstante, no se puede desconocer, que también implicó la modernización de nuestra Carta Fundamental a través de la incorporación de nuevas instituciones jurídicas y la recepción con jerarquía constitucional de diversos tratados de derechos humanos.

Por ese entonces, lo que preocupaba a la mayor parte de nuestra sociedad era la posibilidad de una reelección indefinida del presidente, tal como había ocurrido con la reforma Constitucional de 1949, que le permitió a Juan Domingo Perón ser reelegido de modo inmediato por un segundo período.

Hasta el año 1994, el presidente sólo podía cumplir con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección inmediata. A partir de la reforma constitucional del ‘94, si bien el mandato presidencial pasó a tener una duración de cuatro años, se autorizó esta posibilidad.

Este nuevo esquema, fue replicado mayoritariamente en casi todas las provincias de nuestro país, a excepción de contadísimos casos, en los que el gobernador puede ser reelegido, como ocurre en la provincia de San Luis (artículo 147 de su Carta Magna).

No obstante, ello no es lo que ha ocurrido en el ámbito municipal, ya que existen una gran cantidad de intendentes que han sido reelegidos indefinidamente, porque así lo han autorizado las constituciones provinciales o sus propias cartas orgánicas, lo que ha permitido que hoy tengamos intendentes con décadas al frente de sus municipios.

Es decir que, mientras el presidente y la mayoría de los gobernadores provinciales se encuentran limitados a ejercer sólo dos mandatos consecutivos al frente del poder ejecutivo, gran parte de los intendentes pueden ejercer indefinidamente dicho poder en el ámbito de sus municipios, lo cual resulta, al menos paradójico.

Sin embargo, existe una explicación para ello. Recordemos que el intendente es elegido por sufragio directo de los vecinos de su lugar de residencia, lo que implica una proximidad con el vecino que no la tienen los restantes cargos ejecutivos a nivel nacional y provincial, ello les permite construir desde la génesis de su carrera su propio poder. Por tanto, los municipios se convierten en ámbitos en los que existe una fuerte concentración de poder, a modo de los feudos del medioveo.

No resulta indiferente que el intendente permanezca de manera indefinida en el cargo, en contradicción con el objetivo buscado por la reforma constitucional del año ’94, cuando intentó atenuar el régimen presidencialista

Cabe entonces preguntarnos, qué sentido tiene contar con ejecutivos limitados en su ejercicio y paralelamente intendentes eternizados en el poder? Debemos ceñir la atenuación del presidencialismo a las figuras del presidente y los gobernadores?

Entiendo, que deberían unificarse los mandatos de todos los poderes ejecutivos tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Porque si una de las finalidades de la reforma, ha sido evitar que la permanencia en el cargo culmine con una suerte de “suma de poder público”, ello debiera evitarse en los tres niveles del estado.

Aunque a decir verdad, dudo que tanta torpeza se trate sólo de un descuido. Pues en los últimos años, hemos sido testigo de la importancia electoral de los municipios, quienes a través de sus votantes, en muchas ocasiones terminan definiendo las elecciones.

En definitiva, contar con presidente y gobernadores limitados en sus cargos pero intendentes eternizados en el poder,  no es más que una desnaturalización de la tan ansiada “atenuación del poder”.-

 

María Laura Alfonso es abogada y docente. Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Trabaja actualmente en la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Es vicepresidente del Centro de Gestión Pública y Responsabilidad (CGPyR) y autora del libro “Régimen de nacionalización de empresas privadas”.-

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