Opinión por Sergio Rossi Sabado, 31 de Agosto de 2013

por Sergio Rossi

Alarmismo sobre tierras fiscales

He leído con asombro “Las tierras fiscales, botín del gobierno”, un texto de la senaora nacional por Córdoba, Norma Morandini, publicado en el diario La Nación el pasado 21 de agosto.

Afirma que la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) supone un peligro para los inmuebles del patrimonio público, que “ahora” podrían ser enajenados o donados. Se trata de un temor falaz o infundado.

Quien lea con atención y sin mala fe la ley derogada (23.985, de 1991) y la nueva normativa (decreto1382/12) advertirá que ahora hay más restricciones y no menos. Aquélla no sólo facultaba a las Fuerzas Armadas a más que lo que puede hoy la AABE, sino que instaba a convertir activos inmuebles en ingresos presupuestarios. Una pena quejarse, en nombre de la preservación del patrimonio estatal, por la derogación de una norma de claro sesgo privatizador.

Sostiene que a treinta años de democracia no conocemos cuáles y cuántas son las tierras en custodia de las Fuerzas Armadas. Inexacto: los registros de bienes inmuebles del estado obran desde hace décadas en Hacienda (Decreto-Ley Nº 23.354/56), se revisan periódicamente por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, e interviene en cualquier alta o baja la Escribanía General.

Podría interpretarse que se queja porque la búsqueda allí es ardua, poco amigable, que requiere cierto nivel de conocimiento o dedicación, o que resulta poco útil por su formato, calidad o modo de presentación. En ese caso, en lugar de criticar falazmente al Ministerio de Defensa porque no habría contestado nunca sobre la cantidad de sus bienes, hubiera podido destacar su avance, en la última década, en cuanto a reunir, organizar, tornar más accesible, disponible, transparente, amigable y enriquecida la información que reclama.

Con alguna alteración de fechas y otorgándose un rol protagónico, la autora explica mal el origen y el trabajo desarrollado entre la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa en identificar y establecer zonas como “reservas naturales de la defensa”. Iniciativa que acompañó con tenacidad, vale decirlo, no sólo en el caso de “La Calera”, sino en el de Ascochinga, que no menciona, ambas en Córdoba. La preservación ambiental de las tierras ocupadas por la guarnición militar de Córdoba es un hecho verificado, siendo que se rechazaron propuestas de expandir barrios cerrados, y se restringieron los cultivos que había. Su idea de que se las sembraría de trigo, una afirmación de sustento desconocido.

Sostiene que nunca logró que le informen en qué tierras se desarrollan explotaciones agropecuarias. Sería interesante saber qué expediente no le fue respondido. Cuando el debate sobre las retenciones agropecuarias y sin que nadie lo solicitara, se remitió el detalle de explotaciones agropecuarias al Congreso de la Nación, con copias a las presidencias de las Cámaras y a las comisiones de Defensa y Agricultura. Ella misma refiere más adelante cómo pudo acceder a esa información por internet, citando el registro de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, en referencia al período 2004/9.

Alega allí que “se alquilaron miles de hectáreas a grandes pooles de siembra denunciados por pequeños productores como competencia desleal”. Inexacto. Quizás alguna de las fuentes en que abreva la nota añore acceder a contratos en forma directa, obviando la libre concurrencia y sin pasar por el régimen nacional de contrataciones.

Sugiere además que en 2009 aquello –explotar campos- se dejó de hacer: “Tras la fallida resolución 125 se prohibió el cultivo de soja transgénica en las tierras bajo su administración”. Nuevamente inexacto.

La resolución 367/09 prohibió la siembra de soja transgénica y su paquete tecnológico aplicado en zonas urbanas, suburbanas, y en torno a asentamientos humanos aún en las rurales. Esto fue por el caso de muchos campos de cuarteles, cercanos a las ciudades, que se alquilaban, y tuvo carácter preventivo, antes que se generalizaran y judicializaran los reclamos de poblaciones fumigadas. Al año siguiente, y complementando lo anterior, se reguló la agricultura extensiva en terrenos bajo su administración por el dictado de la resolución 611/10, perfeccionando el procedimiento, estableciendo la rotación de cultivos, la intervención de profesionales matriculados, una planificación sustentable del recurso, buenas prácticas de manipulación de agroquímicos y un relevamiento georreferenciado de cada parcela intervenida.

Contra lo que afirma la nota, no se priorizó “el dinero al valor”. Si analizara objetivamente y con honestidad intelectual la información a la que confiesa acceder vería el avance en transparencia administrativa y manejo sustentable del gobierno que lapida.

También deduce otra enormidad contra lo que ella misma proclama: “ante la falta de trigo el flamante Ministro de Defensa firmó un convenio con INTA para crear áreas rurales productivas en tierras de las Fuerzas Armadas”. Las actividades agropecuarias se enmarcan en la ley 14147 desde 1952 y no requieren convenio alguno de creación. El nuevo acuerdo con INTA recoge cinco años de trabajo conjunto, y busca reorganizar la modalidad de esas producciones. Se apunta a dejar de ofrecer campos en alquiler, abandonando el rol de “rentista”, y desarrollar con asistencia técnica de INTA la planificación y tareas por administración en cada campo.

La nota luce desinformada o busca malinformar. Postula bases falsas, alega temores infundados, y concluye de un modo que recuerda a “Rogelio, el hombre que razonaba demasiado”, del inolvidable Landrú. Deduce así cualquier disparate, como que  veremos a nuestros militares en granjas colectivas soviéticas, movidos por el afán capitalista y las riquezas prometidas por la soja fácil y el trigo escaso.

Si Landrú movía a risa, la nota transmite alarma infundada a los incautos; enojo a los antikirchneristas que sólo buscan argumentos para ratificar su credo; y pena a quien guarde afecto por la autora y la crea –como el infrascripto- digna de algo mejor.-

 

Sergio Rossi es Agrimensor y actualmente se desempeña como Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.-

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