Mundo Lesa humanidad Miercoles, 3 de Abril de 2019

El Gobierno de Brasil rechaza el término dictadura para el régimen militar

Habrá "en forma progresiva cambios en los libros didácticos en las escuelas en la medida en que sea rescatada una versión de la historia real, verídica, más amplia", indicó el polémico ministro de Educación Vélez Rodríguez.

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El ministro de Educación de Brasil, Ricardo Vélez Rodríguez, anunció que los libros didácticos para los alumnos cambiarán su contenido diciendo que en 1964 no hubo golpe militar y que la dictadura de 21 años que se instaló fue solamente un régimen "democrático de fuerza"

El funcionario avaló la teoría del presidente Jair Bolsonaro, quien orientó a las Fuerzas Armadas a celebrar y reivindicar el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que derrocó al presidente consitucional Joao Goulart, quien debió exiliarse tras su destitución.

"La historia muestra que el 31 de marzo de 1964 fue una decisión soberana de la sociedad brasileña", dijo Vélez, según quien hubo un vacío de poder para el cual parte del Congreso convocó a los militares.

El ministro tildó a esa oscura etapa como un "régimen democrático de fuerza necesario en ese momento" y que la interpretación deberá ser "reconstituida por los historiadores".

Por eso, anunció, habrá "en forma progresiva cambios en los libros didácticos en las escuelas en la medida en que sea rescatada una versión de la historia real, verídica, más amplia".

El ministro, quien dirigía las escuelas del Ejército, fue designado por Bolsonaro por consejo del astrólogo Olavo de Carvalho, el gurú de la extrema derecha brasileña que reside en Estados Unidos y que en los últimos días calificó de "traidor" al vicepresidente Hamilton Mourao.

La Comisión Nacional de la Verdad determinó que hubo al menos 434 disidentes políticos asesinados por cuestiones ideológicas y unos 8.000 indígenas ultimados en la represión para la ocupación de tierras en la selva amazónica, así como más de 10.000 torturados. La ley de Amnistía de 1979 aún en vigor y promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido impide la sanción judicial a los autores de crímenes de lesa humanidad.