Economía Boletín oficial Lunes, 20 de Febrero de 2017

Boletín oficial

Reglamentaron la ley de participación público privada

La norma, sancionada en noviembre pasado por el Congreso, permitirá atraer y agilizar inversiones por al menos 40.000 millones de dólares. Apunta al desarrollo de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, investigación aplicada e innovación tecnológica.

La ley implica un cambio de paradigma en la contratación de obra pública

El Ejecutivo nacional reglamentó la ley 27.328 de contratos de participación público privada, que permitirá atraer y agilizar inversiones por al menos 40.000 millones de dólares, según las estimaciones oficiales.

La centralización normativa de los contratos recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne.

El nuevo régimen, sancionado por el Congreso en noviembre del año pasado, apunta a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”, tal como describe el decreto 118 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El decreto declara “de interés nacional” todos los proyectos que se desarrollen en el marco de la ley 27.328 e invita a las provincias a adherirse al régimen con la eximición del impuesto de Sellos a todos los contratos y subcontratos a ser ejecutados total o parcialmente en sus territorios en el marco de la normativa.

No podrán incluirse en el régimen previsto los proyectos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.

La ley constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye. Esto implica un cambio de paradigma en la contratación pública, ya que excluye o limita en forma significativa las prerrogativas de la administración: entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones; y la limitación de la responsabilidad estatal.

¿Qué opinás sobre esto?