Economía · Viernes, 23 de Diciembre de 2016

El Gobierno promulgó la ley de Emergencia Social

El decreto lleva las firmas del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley. La norma habilita a realizar reestructuraciones presupuestarias para garantizar los derechos de los trabajadores de la economía popular.

La norma fue acordada entre el Gobierno y los movimientos sociales

El Ejecutivo nacional promulgó la ley de Emergencia Social, que habilita "las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" para proveer fondos hasta 30.000 millones de pesos para su implementación.

El decreto 1.293 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, extiende por tres años la emergencia social que había sido establecida por la ley 27.200, sancionada en octubre de 2015.

El objeto de la ley es "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional", y "garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".

La norma promulgada establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), en la órbita de la cartera que conduce Stanley, como "ámbito institucional permanente" para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley.

Además, crea el Registro Nacional de la Economía Popular para posibilitar la inscripción de los trabajadores que serán alcanzados por los beneficios, y determina que "los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario".

Para cumplir con estos objetivos, la norma faculta a la jefatura de gabinete a efectuar "las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" para proveer fondos hasta 25.000 millones de pesos para su implementación, con la posibilidad de ampliar a 5.000 millones más dichas reasignaciones.

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