Opinión Por Jorge Cuello Jueves, 21 de Julio de 2016

Hay que insistir con la puesta en marcha del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo

Jueves, 21 de Julio de 2016

La Cuenca Matanza - Riachuelo abarca una superficie de 2.240 kms2 y se extiende a lo largo del territorio de la Ciudad de Buenos Aires y de 14 municipios de la Provincia homónima  siendo una de las zonas más contaminadas y pobladas de la Argentina y el mundo con un total de 8 millones de habitantes que viven en un contexto de gran diversidad social.

Existen desde barrios marginales carentes de toda infraestructura hasta sectores de alto poder adquisitivo residentes en clubes de campo; desde áreas urbanizadas hasta zonas de producción agrícola – ganadera; desde asentamientos ilegales hasta conjuntos habitacionales construidos por el Estado; desde centros logísticos modernos hasta industrias obsoletas.   

Teniendo en cuenta que esta región concentra más de la mitad de los establecimientos industriales argentinos  y que las condiciones sanitarias de la población son paupérrimas debido, entre otras cosas, a que aproximadamente un 50% de la población no posee servicios cloacales, las principales fuentes de contaminación de la región provienen de los vertidos cloacales e industriales que a diario son derramados sobre la cuenca.

Los primeros, no solo afectan las aguas superficiales y sedimentos sino también los suelos y el agua subterránea, provocando además el ascenso de la napa freática. Por su parte, las industrias vierten al río compuestos altamente tóxicos como metales pesados (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, y niquel) e hidrocarburos y sus derivados.  También contribuyen a la contaminación de la cuenca la falta de una gestión adecuada de los residuos de las operaciones portuarias y de los buques que entran al Riachuelo  y de los residuos sólidos urbanos y agroquímicos generados por la actividad agropecuaria de la región.

 

La CSJN y su rol institucional en la defensa del derecho a un ambiente sano

Frente a esta situación la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) produjo un salto significativo en la tutela y defensa del derecho colectivo ambiental en la causa iniciada con la demanda de Beatriz Mendoza y otras 17 personas nucleadas en la Asociación de Vecinos de la Boca contra el Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas que estaban radicadas en la cuenca por los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo.  

Los demandados de los vecinos se referían a la reparación de los daños y perjuicios sufridos debido a la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo. Y  además de dicha acción de reparación del daño civil solicitaban la condena a los demandados para que pongan fin a la contaminación y den inicio al proceso de recomposición ambiental.

Sin dudas, esta causa significo un punto de inflexión respecto del rol que debe tener las autoridades del Poder Judicial en la defensa del ambiente no solo por el contenido de la sentencia emitida por el alto tribunal sino también por el modo participativo en el que se sustanció el proceso convocando a audiencias públicas para que todos los sectores involucrados puedan participar haciendo sus alegatos y defensas. Siguiendo al Dr. Marcelo López Alfonsín podemos concluir que “fue el Poder Judicial el que tomo el toro por las astas ante la inacción de los demás poderes del estado en el cumplimiento de la labor para sanear la cuenca”.

La CSJN se declaró competente el 20 de junio de 2006  sobre las pretensiones concernientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño ambiental colectivo al mismo tiempo que se declaró incompetente respecto a la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y luego de la realización de audiencias públicas, 8 de julio de 2008 dicto el fallo definitivo en un proceso que fue histórico y puso realmente en agenda la necesidad de avanzar en la recuperación y saneamiento de una de las regiones como ya se ha dicho más pobladas y contaminadas de la Argentina.

A través de dicha decisión, la CSJN estableció que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)[1]debía poner en marcha un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y dispuso que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa.

 

 Haciendo balances a 8 años del pronunciamiento judicial

A pesar de este fallo histórico las organizaciones y actores vinculados a la presente problemática siguen reclamando que se ponga en marcha el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) dado que si bien algunas de las metas establecidas lograron resultados favorables la mayor parte de las mismas aún continúan pendientes de resolución. De esta forma, siguen renovando su reclamo para que la ACUMAR, inicie de manera urgente una serie de acciones, orientadas a dar cumplimiento con el fallo de la CSJN, y reclaman:

 * El establecimiento de un régimen de control de vertidos de líquidos industriales, y la urgente modificación de la legislación que lo rige.

 * La generación de un sistema unificado para la habilitación de industrias, principalmente aquellas con más alto índice de complejidad ambiental y las situadas en zonas de riesgo.

 * La implementación de un plan para la erradicación de basurales ilegales de la cuenca, estableciendo las responsabilidades que corresponden a cada uno de los municipios en los cuales se encuentran situados; como así también la remediación de los pasivos ambientales existentes.

 * La ejecución de un Plan integral para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), con acciones específicas para las etapas de generación, disposición inicial, recolección domiciliaria y diferenciada, transporte y disposición final de residuos,  tomando especialmente en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Cuerpo Colegiado.

 * La elaboración de un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud que prevea su relocalización.

 * La relocalización de familias que habitan la sirga del Riachuelo, plan que se encuentra fuertemente rezagado.

Siguiendo al Director Ejecutivo de la FARN, el Dr. Andrés Napoli, podemos decir que “al cumplirse 8 años de la sentencia de la CSJN el balance de este nuevo aniversario del fallo cierra con un saldo claramente negativo en materia de acciones tendientes a recuperar el Matanza – Riachuelo. Las autoridades no han logrado, hasta el presente, establecer estrategias y acciones tendientes a romper la inercia de inacción y pérdida de liderazgo que ha caracterizado el accionar del ACUMAR”.

Es por eso que ante la falta de respuestas por parte de los órganos políticos del Estado, la C.S.J.N. debería insistir nuevamente con carácter de urgencia para que se ponga en marcha la ejecución definitiva del programa de saneamiento de la cuenca porque el no cumplimiento de la sentencia judicial dilataría aún más en el tiempo el efectivo cumplimiento del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que tiene la población y que fuera consagrado en la Constitución Nacional y las leyes ambientales de la República Argentina.

 

Por Jorge Cuello

Abogado y Docente de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)

 

[1] La ACUMAR fue creada por medio de Ley 26.168 y es un órgano Interjurisdiccional integrado por las Autoridades del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de poner en marcha el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

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