Opinión América Latina Martes, 23 de Setiembre de 2014

El presente del voto electrónico en la región

Por Leandro Querido

Martes, 23 de Setiembre de 2014

La incorporación de tecnología a los procesos electorales es un fenómeno conocido. Entre los elementos que más se destacan podemos mencionar los sistemas biométricos de identificación de electores, la lectura de huellas dactilares, o la tecnología que ha mejorado la transmisión de datos desde las mesas electorales a los centros de totalización. Las antenas satelitales portátiles han permitido transmitir datos inclusive desde los rincones más inaccesibles de nuestra región.

Sin embargo, solo se asocia la incorporación de tecnología con el voto electrónico. Cuando esto ocurre podemos mencionar únicamente la experiencia de dos países: Brasil y Venezuela. Son estas experiencias las únicas que se encuentran desarrolladas en la totalidad del territorio. Luego hay muchas iniciativas piloto o no tan piloto diseminadas por los distritos del resto de los países.

El debate sobre el voto electrónico ha generado debate en todos los países en donde se lo aplicó o en donde se lo pensó aplicar. Entre las motivaciones de los que piden su aplicación se destacan la celeridad en procesar y comunicar los resultados y la potencialidad de esa herramienta para evitar algunas prácticas que han desvirtuado los sistemas tradicionales de votación.

En el 2012 la Comisión Global sobre Elecciones, Seguridad y Democracia acuñó el concepto de Democracia con Integridad. Allí quedó claro que no basta con realizar elecciones para contar con un sistema democrático; se percibe, por el contrario, una tendencia hacia el autoritarismo electoral caracterizado por procesos electorales sesgados, que le dan enormes ventajas a los oficialismos de turno y al hacerlo lesionan la noción de competitividad.

El debate en torno a la autoridad electoral es central en este contexto. Y esto queda claro cuando comparamos los casos de Brasil y Venezuela.

En el primer caso tenemos una autoridad que ha impulsado el voto electrónico y que al hacerlo ganó prestigio y reconocimiento entre los distintos actores políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) logró en solo cuatro años cubrir la totalidad de sus casi 450 mil mesas electorales. El nivel de analfabetismo y la inmensa geografía fueron los argumentos utilizados para desarrollar tempranamente esta iniciativa allá por 1996.

La urna electrónica utilizada es un desarrollo surgido del interior del TSE y responde al concepto clásico de voto electrónico: la máquina de votación guarda información, es decir contiene el padrón, registra el voto del elector que luego almacena en una memoria, más tarde procesa esa información para ser transmitida. El elector, en este caso, no recibe ningún comprobante de votación en respaldo físico. Se trata entonces de una urna electrónica clásica.

Este sistema es casi una cuestión de fe que solo se sostiene en el prestigio del TSE. Entre los déficits podemos mencionar que la tecnificación del acto electoral ha privatizado el control del mismo. Los ciudadanos están al margen, los numerosos fiscales partidarios de otrora hoy solo son un puñado de fiscales informáticos que hasta han quedado en un segundo plano dado que el TSE a través de una serie de actos administrativos los ha excluido con el argumento de contar con instrumentos de control más eficientes. Sin embargo, algunos estudios han confirmado que la seguridad del sistema deja mucho que desear y que se vulnera el carácter secreto del voto debido a que se podría acceder y asociar la secuencia del voto con la carga y selección de las preferencias.

El caso venezolano es bien distinto, aquí la autoridad electoral no cuenta con prestigio de ningún tipo; el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha actuado de modo abierto a favor del oficialismo al punto de transformarse en un apéndice del mismo. El voto electrónico se ha implementado en el 2004 con el referéndum revocatorio. La empresa que lo desarrolla es Smartmatic y fue constituida al calor del poder.

Esta empresa ha quedado muy vinculada con la crisis política que atraviesa Venezuela y debido a ello se ha visto obligada a ofrecer su sistema lejos de la región. Filipinas es uno de los destinos de las máquinas de Smartmatic.

El sistema utilizado por Venezuela es similar al de Brasil con la diferencia de que sus máquinas son más sofisticadas y modernas, inclusive emiten un ticket que confirman el éxito o no de la operación.

El sistema no ha sido del todo eficiente: además de las críticas de la oposición con respecto a la seguridad se le debe agregar las demoras a la hora de sufragar y el retraso en brindar los resultados.

Ecuador se encamina al voto electrónico y todo indica que en las elecciones del 2017 se lo aplicará en gran parte de su territorio. Es muy probable que no usen las versiones “duras” de voto electrónico: el modelo Venezuela o Brasil no corren con ventaja. En cambio podría utilizarse el modelo de Boleta Única Electrónica desarrollado en la provincia argentina de Salta.

Este sistema se ha utilizado en las últimas elecciones en el estado de Azuay, en Ecuador.

A diferencia de los casos mencionados las máquinas argentinas (desarrolladas por la empresa MSA) no cuentan con el padrón ni guardan información de ningún tipo, solo imprimen en una boleta (que a su vez cuenta con un chip que facilita el escrutinio de mesa) la opción del elector. Luego esta se deposita en una urna tradicional para ser escrutada seguidamente.

En este sistema quedan saldados dos problemas del voto electrónico: por un lado el que hace referencia a su carácter secreto, por el otro, el que se vincula con sus cuestionamientos acerca de su falta de seguridad dado que no puede evitar las manipulaciones.

Debajo del paraguas del voto electrónico se encuentran muchas alternativas que no siempre representan un avance en cuanto a la solución a los problemas con los que cuentan los sistemas tradicionales de votación.

Es por ello que a la hora de evaluar su aplicación debe contemplarse su contexto, sobre todo el que hace referencia al carácter de la autoridad electoral de aplicación, también resulta de importancia que se involucre a todas las fuerzas políticas en el proceso de elaboración, sanción y control de la iniciativa, a su vez debe asumírsela como una política de Estado y, por último, se deberán plasmar en la norma los cambios que requieren los proceso de innovación política.

 

Por Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral.

 

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