Opinión Por Ricardo Gil Lavedra Martes, 15 de Abril de 2014

Buscan desvirtuar las funciones del Congreso

Martes, 15 de Abril de 2014

Un grupo de diputados del Frente para la Victoria ha presentado un proyecto de ley para la creación de una comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.

Compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores y dirigida por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, esta Comisión elaboraría un informe describiendo la política económica de la dictadura militar de 1976, identificando a los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con dicha dictadura. Asimismo, la Comisión elaboraría propuestas para “forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y “reformas legislativas para desalentar conductas como las investigadas”.

Para cumplir su misión, puede designar a la cantidad de secretarios y equipos técnicos interdisciplinarios “que juzgue conveniente”, previa consulta con organismos de derechos humanos. Además de la recepción de informes, documentos y antecedentes, a cuya solicitud no puede ser oponible secreto alguno, la Comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos de la dictadura a disculparse, desagraviar a los afectados y ofrecer “mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos”.

En momentos en que el Congreso se encuentra virtualmente paralizado y no se pueden tratar muchos proyectos trascendentes que interesan a toda la sociedad, llama la atención el interés en tratar una iniciativa que no parece guardar relación con competencias parlamentarias, que presenta objeciones constitucionales y que persigue una finalidad opinable.

Está fuera de toda discusión que el Congreso posee facultades para investigar en función de los poderes implícitos que le otorga el artículo 75 inciso 32 de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia ha establecido reiteradamente que cuando la Constitución otorga un poder, se encuentran implícitos todos los medios necesarios para ejecutarlo. La facultad de investigar es entonces instrumental, un medio para el mejor ejercicio de las atribuciones propias del Congreso.

Así lo expresó el juez Warren en el conocido caso “Watkins vs. USA” (354, E.U., 178): “No es el Congreso un órgano para obligar a cumplir la ley o para iniciar procesos. Estas son funciones de los departamentos ejecutivo y judicial del gobierno. Ninguna investigación es un fin en sí misma; debe guardar relación con alguna tarea legítima del Congreso y contribuir a fomentarla”.

No es función del Congreso efectuar reconstrucciones históricas, ni investigaciones paralelas a la justicia, ni menos aún señalar responsabilidades de las que surja alguna obligación reparatoria.

La genérica alusión a reformas legislativas que desalienten complicidades con dictaduras es de tal vaguedad que no levanta el déficit señalado.

Por otra parte, no se compadece con el principio de división de poderes que una comisión parlamentaria sea presidida y representada por una persona designada por el Poder Ejecutivo.

Resulta asimismo objetable que la integración de la Comisión no refleje la representación política, pues de acuerdo a como está redactado el proyecto, la mayoría puede designar la totalidad de los miembros de un solo partido político.

La tarea de la comisión puede interferir la marcha de procesos en trámite o bien sustituir la actividad judicial.

En efecto, existen en la actualidad diversas causas en las que se imputa a civiles la comisión de delitos de lesa humanidad. Cabe a los jueces, de modo excluyente, asignar responsabilidad penal a quienes, conociendo el plan criminal, hubieren efectuado un aporte concreto a su realización. De otro lado, en cuanto a la reparación patrimonial, ésta sólo puede ser decidida por jueces luego de cumplirse las reglas del debido proceso.

Más allá de estos serios reparos constitucionales, resulta también por lo menos opinable la visión predeterminada y un tanto simplista que expone el proyecto en el sentido que los crímenes de la dictadura fueron realizados por motivos económicos para suprimir el “antagonista social”.

Una reconstrucción seria de esa época tan compleja y sangrienta no puede omitir en el análisis el papel que jugaron las organizaciones terroristas alzadas en armas contra el gobierno constitucional del general Perón y de su esposa.

Finalmente, en buena medida, la información que buscaría esta Comisión Investigadora se encuentra en poder de organismos estatales, por lo que nada impide que el Poder Ejecutivo elabore los informes que crea pertinentes conforme los antecedentes que obran actualmente en su poder sin desnaturalizar las atribuciones del Congreso.

 

Por Ricardo Gil Lavedra

FUENTE: Clarín

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