Política · Miercoles, 19 de Abril de 2017

Leandro Halperin: “Nuestras cárceles reproducen los delitos que sancionan”

En diálogo con Diario Inédito, el abogado, docente y especialista en temas penitenciarios criticó el proyecto que busca limitar las salidas anticipadas de prisión y remarcó que “hay que estimular a las personas privadas de su libertad con trabajo y educación” para lograr su reinserción social.

Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reúne con senadores del oficialismo y la oposición para fomentar la sanción de la ley que limitaría las salidas anticipadas para condenados por delitos graves y reincidentes, Diario Inédito conversó con el especialista en temas penitenciarios Leandro Halperin, abogado y docente de Principios Generales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, quien aseguró que “antes de reformar leyes, el primer paso debería ser respetar la ley, y no violarla, como sucede en las prisiones en la Argentina”.

“Si uno quiere que las personas que están privadas de su libertad, cuando salgan de la prisión (porque todos salen en algún momento) lo hagan de manera pacífica y no vuelvan a producir conflictos, hay que estimular los comportamientos que la sociedad pretende con herramientas idóneas, que tienen que ver con el trabajo y con la educación”, consideró Halperin, ex director del Programa de Educación en Cárceles de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El Servicio Penitenciario es una institución antidemocrática, es autoritaria, y reproduce las conductas que sanciona, mientras que la educación está en las antípodas, es una herramienta democrática, genera oportunidades para integrarse de manera pacífica en el medio libre, que es exactamente lo contrario que busca y provoca la cárcel”, explicó.

Diario Inédito: El año pasado hubo una reforma en las fuerzas de seguridad, que abarcó al servicio penitenciario. ¿Cambió algo?

Leandro Halperin: María Eugenia Vidal está dando una pelea titánica. Por primera vez desde la vuelta de la democracia se reconoce que el Servicio Penitenciario viola los derechos humanos. Lo hizo la gobernadora. Y acto seguido inició un proceso -que todavía está en marcha- de depuración de las fuerzas de seguridad.

Hace 15 días, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, anunció que por primera vez cruzaron el padrón de funcionarios penitenciarios con el de reincidencia y se encontraron con que había funcionarios penitenciarios de alto rango condenados por delitos, y estaban a cargo de unidades penales. Es decir, quienes trabajaban con delincuentes con el supuesto objetivo de evitar la reincidencia estaban condenados por ser delincuentes. Y les pagábamos el sueldo todos. Por eso antes de reformar leyes, el primer paso debería ser respetar la ley, y no violarla, como sucede en las prisiones en la Argentina.

Esto que es inconcebible, que muchos lo veníamos denunciando hace muchos años y el Partido Justicialista de la provincia miraba con complicidad, con mansedumbre bovina, se terminó. No se terminó la corrupción, que lamentablemente es endémica. Lo que se terminó es la impunidad. Es un buen primer paso.

DI: ¿Qué aspectos positivos observa en el proyecto de modificación de la ley?

LH: El aspecto positivo es el rol de la víctima, que tiene derecho a estar informada y a participar del proceso de ejecución de la pena. De hecho, una de las objeciones serias que se le plantean al juez Carlos Rossi en el caso de Micaela García es que no escuchó a la víctima, cuando está previsto en la ley que la debería haber escuchado. En ese sentido, la incorporación de la víctima a la ejecución de la pena es saludable, y tal vez el único aspecto positivo que le encuentro.

DI: Entonces si hablásemos de los aspectos negativos, nos extenderíamos toda la tarde.

No toda la tarde porque es una ley bastante pobre, pero sí un buen rato. Es una ley que busca terminar con la meritocracia en contextos de encierro. En nuestro país no tenemos pena para siempre, todos los presos van a salir en algún momento, entonces el desafío que tiene que tener el Estado en la ejecución de la pena es intentar que salgan mejor de lo que entraron. Y para eso tienen que tener estímulos. Nuestra ley plantea que, ante una pena que está establecida en la sentencia, si las personas que se encuentran privadas de la libertad aceptan positivamente esos estímulos (estudiar, trabajar, si tienen un problema de adicciones iniciar un tratamiento, recomponer el vínculo, comprender que lo que hicieron estuvo mal, etc.) obtienen beneficios, que involucran el poder salir antes.

Si la pena finaliza con el agotamiento de la sentencia, que es lo que propone esta reforma, entonces se terminan los estímulos para hacer algo bien, y va a dar igual estudiar o no estudiar en la cárcel, trabajar o no trabajar, porque finalmente uno va a salir el último día de la sentencia.

Hoy, los Consejos Correccionales son el ámbito multidisciplinario que establece los objetivos a cumplir y evalúan si el condenado los alcanzó o no. Es un órgano profesional, con abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Si se modifica la ley, los directores de los penales son los que van a decidir si un preso está preparado o no para acceder a esos beneficios, y ese dictamen va a ser vinculante para un juez. Vamos a dejar esa decisión en manos de los directores de las unidades penitenciarias, señores de una fuerza de seguridad que no están preparados para comprender sino para reprimir.

En la cárcel todo tiene precio: la vida, la muerte, la droga, las armas, la intimidad. Todo se compra y todo se vende. Y si estas personas que toleran, que permiten, que promueven y en algunos casos son parte de ese sistema, son los que van a decidir quién está en condiciones de salir o no, sin dudas el resultado va a ser mucho más preocupante.

DI: El problema es que, además de que el sistema no funciona, hay una presión social muy fuerte que recrudece ante casos como el de Micaela García. A la gente que pide “que no salgan más”, ¿qué les diría? ¿Cómo los deja tranquilos?

LH: Lamentablemente la clase dirigente es demagógica, porque solamente se sientan a discutir de estos temas cuando la sociedad se manifiesta masivamente ante la preocupación de un hecho de estas características que toma estado público. En nuestro país hay muchas más Micaelas, hay más homicidios y la política no se sienta a discutir permanentemente sobre esto. Lo hacen de manera reactiva. Reaccionan, no accionan. Reaccionan con el mismo miedo que tiene la sociedad. La diferencia es que le tienen miedo a la gente, al reclamo de la gente porque no se ocuparon antes de este problema.

Entonces les diría que precisamos una clase dirigente que esté a la altura de los verdaderos conflictos que nuestra sociedad padece. Cuando nos dicen que para ocuparse de la inseguridad lo que van a hacer es agravar las penas, nos están mintiendo, porque las penas llegan después de que el delito se produce.

Necesitamos un Estado inteligente que se anticipe a los conflictos con políticas integrales serias y responsables. Que no nos den placebos. En nuestros país se cometen decenas de miles de delitos al año y no todos van presos. La regla frente al delito y la delincuencia es la impunidad. La mayoría no paga por lo que hace.

Necesitamos un Estado que prevenga el delito, y si hay culpables, que haya justicia para las víctimas. Y que, después de que las víctimas tengan justicia, el Estado trabaje con los victimarios para que cuando vuelvan al medio libre no cometan más delitos. Pero nuestras cárceles reproducen los delitos que sancionan. Y esa hipocresía no está siendo revisada en el debate de hoy en el Senado. Lamentablemente traen ese tema a colación cuando la gente se asusta y se manifiesta.

DI: Si se activara el sistema ideal, ¿cuánto tiempo llevaría que las cárceles dejen de reproducir las conductas delictivas y que la reinserción se vuelva algo constante, una rueda positiva que esté siempre en acción?

El daño que la clase dirigente le hizo a la sociedad mirando para otro lado y tolerando el autogobierno penitenciario durante estas últimas tres décadas no se resuelve ni con una ley, ni en un dia, ni con una gestión de gobierno. Se requieren políticas de estado que trasciendan a los gobiernos. Tiene que ser un plan que involucre medidas de corto plazo, como generar espacios que tengan que ver con la educación y el trabajo de manera urgente, pero también medidas de mediano y largo plazo que tienen que ver con una profunda reforma edilicia, judicial, con darle recursos a los jueces para que puedan trabajar, y con que en las cárceles, además de haber palos y cascos, entren maestros y trabajadores para capacitar, para promover lo que la sociedad pretende que ocurra en el medio libre.

Si nos dicen que con esta ley o con cualquier otra van a solucionar el problema de la delincuencia, le advierto a la ciudadanía que nos están mintiendo. No hay chances de que se solucione de un día para el otro. Las soluciones serias, responsables requieren tiempo para poder implementarlas, pero fundamentalmente requieren acuerdos sólidos, no demagógicos, no espasmódicos, y que tengan que ver con las causas de los problemas y no solamente con las consecuencias.

 

Por Lucía Rinaldi

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