Sociedad Día Internacional del Consumidor Viernes, 14 de Marzo de 2014

Para la Unión de Consumidores de Argentina el sistema de la telefonía móvil "es perverso”

Por el Día Internacional del Consumidor, la Unión de Consumidores de Argentina presentó junto al diputado radical Hugo Maldonado un proyecto para declarar a la telefonía móvil como servicio público. El titular de la organización, Fernando Blanco Muiño, explicó a Diario Inédito los detalles de la campaña y las características del servicio móvil en nuestro país.

Fernando Blanco Muiño pide que la telefonía móvil sea declarada servicio público.

La Unión de Consumidores de Argentina lanzó la campaña “Telefónicas: desbloqueen nuestros derechos!” con la presentación del proyecto de ley que declara a la telefonía móvil como servicio público promovido por el diputado radical Hugo Maldonado. Fernando Blanco Muiño, presidente de la organización, explicó a Diario Inédito los detalles de la campaña y las características del servicio móvil en nuestro país.

Diario Inédito: ¿En qué consiste la campaña: “Telefónicas desbloqueen nuestros derechos!”?

Fernando Blanco Muiño: Nosotros integramos una red mundial de asociaciones que se llama Consumers International que une organizaciones de 140 países.  Con motivo del Día Internacional del Consumidor todos los años hay un tema internacional de campaña y este año para todos los miembros de la organización el lema es “telefónicas desbloqueen nuestros derechos”. Pasa en el resto del mundo lo mismo que está pasando acá en relación a los abusos por parte de las empresas de telefonía móvil, contratos pocos claros, mal servicio, etc. La campaña comienza con un lema común, con una campaña gráfica y, después, con aplicaciones vía Twitter que distribuiremos la semana que viene. Nosotros a eso le sumamos la presentación del proyecto de ley del diputado Maldonado para declarar la telefonía móvil como servicio público, una bandera que hace muchos años que venimos planteando desde nuestras asociaciones.

D. I.: ¿Qué impacto tendría sobre el servicio la declaración de la telefonía móvil como servicio público?

F. B. M.: “Servicio público” significa que el Estado tiene capacidad de control, de regulación y de fijación de tarifas. Nosotros ahora por la telefonía fija pagamos una tarifa que surge de una ecuación aprobada por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) mientras que en la telefonía móvil pagamos un precio, porque es una actividad que está desregulada, es decir, las empresas cobran lo que quieren. La posibilidad de declararla como servicio público, además de que tiene su lógica porque un servicio que ya es mayor que el de la telefonía fija no lo es y la telefonía fija sí, lo que permitiría es mayor capacidad de regulación sobre un mercado que hoy está absolutamente desregulado.

D. I.: ¿Cómo es la normativa que regula el servicio en Argentina?

F. B. M.: La Argentina tiene una normativa que regula a los servicios públicos en general y no en particular a la telefonía móvil, que no está incluida. Lo que hay es un marco regulatorio para la telefonía móvil que es de la época de De la Rúa que está desactualizado porque las cuestiones tecnológicas de esa época eran muy distintas a las actúales. Sumando la incapacidad de la administración de establecer precios, condiciones de inversión, etc. surge la importancia de declararla servicio público.

D. I.: Cuando hay problemas con el servicio las empresas argumentan que tienen dificultades para instalar antenas por regulaciones municipales. Hay una disputa entre el Estado y las empresas sobre el porqué de la mala calidad del servicio. ¿Ustedes qué piensan al respecto?

F. B. M.: Lo de las antenas es verdad en algunos lugares pero también es cierto que la evolución tecnológica no viene acompañada del grado de inversión que necesita. Venden aparatos cuya tecnología necesita inversiones que las mismas empresas no hacen. No se puede montar sobre una red preparada para determinados servicios aparatos que requieren otros, de mayor complejidad. El proveedor es este caso también el prestador y de igual manera los vende. Por eso es interesante otro proyecto del diputado Maldonado que acompañamos que declara la emergencia en la telefonía móvil que implicaría que las empresas dejen de vender aparatos por un tiempo determinado, bajen el precio hasta que mejoren la calidad del servicio, entre otras cosas.

D. I.: ¿Existen otras organizaciones que adhieran a su pedido, además de las que integran la red de Consumers International?

F. B. M.: La declaración de la telefonía móvil como servicio público es una bandera común de todas las asociaciones de consumidores, no hay fisuras ni posicionamientos distintos en relación a si están más cerca o más lejos del Gobierno. Este tema lo trabajamos nosotros porque tenemos contacto con el diputado Maldonado, por eso colaboramos con él y así lo venimos trabajando. Por ejemplo, para el lanzamiento que hicimos el martes en la Cámara de Diputados confirmaron su presencia las personas de Consumidores Libres, entre otros.

D. I.: ¿Qué características particulares tiene en Argentina el servicio que lo haga especialmente malo o con posibilidades de ser mejorado?

F. B. M.: En nuestro país, primero, se demoró once años en implementar la portabilidad numérica. Es decir, las empresas no te daban la posibilidad de migrar con tu número, te tenían como rehén del prestador. Segundo, la administración no tiene capacidad para garantizar un mejor servicio porque no está regulada la telefonía móvil. Tercero, la falta de inversión hace que el servicio sea malo. Cuarto, hasta hace unas semanas la facturación de la telefonía móvil era por minuto cuando en el resto del mundo era por segundo. Con eso si alguien hablaba diez segundos, las empresas se enriquecían cobrándole por un servicio que no usaron. En nuestro país, a diferencia de otros, hay un monopolio avalado por el Gobierno, que es que Telefónica y Telecom tienen identidad de propietarias a nivel mundial. Telefónica de España es dueña de Telecom de Italia. Ese combo hace que sea un mercado muy concentrado con tendencia al monopolio.

D. I.: ¿La declaración de servicio público abriría el mercado a otros competidores?

F. B. M.: Abriría la posibilidad de que el Estado digite nueva banda en el espectro radioeléctrico  y de esa manera puedan entrar otras empresas a competir o el mismo Estado con su propia empresa. Hace un tiempo se había anunciado que iban a lanzar su propia empresa, ARSAT, pero eso quedó en la nada. Acá lo que hace falta son otros jugadores que vengan a competir.

D. I.: ¿Cómo están actuando los entes de control con el tema de la telefonía celular?

F. B. M.: El sistema es perverso porque es una tecnología de tan alto nivel que los únicos que la tienen son los prestadores. La autoridad es la CNC y realmente lo que hace es controlar pero sobre la información que brinda el mismo prestador. El avance tecnológico es tan grande que el Estado no tiene las herramientas suficientes como para poder controlar a las empresas.

D. I.: Entonces, ¿dónde van las quejas de los usuarios cuando tienen problemas con el servicio prestado?

F. B. M.: Las reciben las empresas, la CNC, las asociaciones de consumidores, las dependencias de Defensa al Consumidor de los gobiernos provinciales. En el tope de reclamos de todo el país, en todas las jurisdicciones, están las empresas de telefonía móvil, un mercado con 58 millones de aparatos habilitados. En muchos casos las quejas se acumulan, hay una tendencia muy fuerte al inconformismo y, también, al poco nivel de solución.

D. I.: ¿Hay voluntad política para que este proyecto salga?

F. B. M.: Es un debate indispensable que hay que dar en la Argentina, no se puede postergar más. Hasta ahora no ha habido intención del oficialismo de tratarlo. Hubo un proyecto similar en el Senado y el oficialismo nunca se presentó en la Comisión ni siquiera a debatirlo. Creemos que es tal el nivel de fastidio que genera el servicio que el Gobierno no va a poder evitar tratar este tema durante mucho tiempo más.

D. I.: ¿Cree que la actitud de los usuarios es más activa y que eso puede influir?

F. B. M.: Nosotros percibimos una tendencia a la queja mayor. El trabajo que se hace desde los medios de comunicación y desde las redes sociales ayuda mucho. Si además  hubiera un Estado proactivo en acompañar los reclamos de los consumidores, mejor aún. En las últimas semanas la Presidenta de habló mucho a lo relacionado a precios como único camino, en realidad hay múltiples vías y temas para reclamar. Pero hay un nivel creciente de reclamo, eso está bueno, y cuando haya una administración que acompañe todo el proceso, va estar mucho mejor.

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